La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció durante su conferencia matutina del viernes 23 de octubre que intercambió gritos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, durante una reunión tensa en Ciudad Juárez donde se discutió el polémico caso de la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara.
Durante el encuentro, realizado el pasado 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, la mandataria estatal responsabilizó a su exfiscal, César Jáuregui Moreno, por haber permitido la entrada no autorizada de los agentes extranjeros al territorio mexicano, según lo reportado por ambos funcionarios.
“Inició la conversación reclamándome”, precisó Sheinbaum al describir cómo comenzó el intercambio de voces entre ambas, quienes finalmente acordaron mejorar la comunicación intergubernamental para evitar situaciones similares en el futuro.
El origen del conflicto: muerte de agentes estadounidenses en abril
La controversia tiene su origen en los acontecimientos del 19 de abril de 2026, cuando un vehículo que transportaba a cuatro personas cayó a un barranco en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, en las inmediaciones de la Sierra Tarahumara. Entre los fallecidos se encontraban dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA, además del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y uno de sus oficiales de seguridad.
Richard Leiter Johnston III, veterano de operaciones antiterroristas en Afganistán en 2016 y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, y John Dudley Black, capitán del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, participaron en el operativo contra laboratorios clandestinos de metanfetaminas que se desarrolló entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el incidente originó investigaciones sobre posibles irregularidades en la autorización de operaciones que involucraban a personal extranjero en territorio nacional, sin el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
Investigación fiscal y vinculación a proceso por traición a la patria
La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el pasado 22 de octubre, imputándole el delito de traición a la patria. Según el ministerio público, el funcionario estatal omitió informar a las autoridades federales sobre la presencia y participación de los agentes estadounidenses en operativos de combate al narcotráfico.
Evidencia presentada en audiencia judicial reveló que los agentes de inteligencia estadounidenses operaban en el estado desde octubre de 2025, según consta en registros hoteleros, contratos de renta vehicular y geolocalización que demuestran estancias previas a la tragedia de abril.
Maru Campos Galván, gobernadora del estado desde 2021, indicó que su administración detectó presuntos actos de corrupción cometidos por Jáuregui Moreno y que no tuvo conocimiento directo sobre la autorización de la entrada de los agentes extranjeros. «Procede, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley», señaló Sheinbaum al referirse a la postura de la mandataria estatal.
Repercusiones políticas y acciones coordinadas
Tras el reconocimiento público del enfrentamiento, ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación entre los gobiernos estatal y federal, particularmente en materia de seguridad pública y coordinación operativa.
Sheinbaum planteó a Campos la posibilidad de presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y, de considerarlo necesario, establecer contacto directo con la Fiscalía General de la República para garantizar el debido proceso legal.
Hasta donde tiene conocimiento la presidencia de la República, no existen pruebas que vinculen directamente a la gobernadora con el operativo cuestionado, aunque la investigación continúa bajo responsabilidad exclusiva del poder judicial.
El caso ha generado intensos debates políticos en torno a la coordinación entre instancias estatales y federales en materia de seguridad, así como sobre los protocolos de autorización para operaciones que involucren a personal extranjero en territorio nacional.
Para más información sobre procedimientos legales en casos de cooperación internacional, consulte el portal oficial del Gobierno de México.
Consulta más contenido sobre los estados del país en la sección Nacional y sobre seguridad pública en Política de Seguridad de Revista Guinda.
