La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que acudirá a instancias legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por violencia política de género. La decisión llega después de que la mandataria panista la relacionara públicamente con el crimen organizado. Con ello, el choque entre ambas dirigentes pasa de la confrontación en redes a una disputa que podría resolverse en tribunales y órganos electorales.
El origen del conflicto entre Montiel y Campos
Las acusaciones de Campos se difundieron a finales de octubre de 2026. Según se informó, la gobernadora señaló que Montiel tendría nexos con grupos criminales y habló de presuntas adquisiciones de propiedades. También se reportó que el tema fue planteado ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
Montiel respondió el viernes 23 de octubre a través de sus redes sociales. Rechazó los señalamientos por carecer de sustento y retó a Campos a llevar cualquier evidencia ante las autoridades competentes. Hasta ahora, los reportes consultados no indican que se hayan hecho públicas pruebas que respalden las imputaciones.
Respaldo de Morena y postura de Palacio Nacional
La dirigencia morenista y sus legisladores en las 32 entidades expresaron su solidaridad con Montiel. Más de veinte gobernadores afines al movimiento hicieron lo mismo y calificaron los dichos de la panista como temerarios. Sheinbaum, por su parte, confirmó que conversó con Campos sobre el tema. Precisó que no recibió evidencia y que, si existe, debe presentarse formalmente ante la Fiscalía.
¿Qué es la violencia política de género?
En México, la violencia política contra las mujeres en razón de género está reconocida en la legislación desde la reforma de 2020. Comprende acciones u omisiones que buscan limitar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer por el hecho de serlo. Para que se configure, los tribunales electorales han exigido que las expresiones o actos se basen en estereotipos de género y que tengan un impacto en el ejercicio del cargo o de la candidatura.
Este punto será clave. Corresponderá a las autoridades determinar si las declaraciones de Campos cumplen esos elementos o si se trata de una crítica política, aun cuando sea dura. Es un terreno donde los criterios jurisdiccionales han sido estrictos.
Una disputa con antecedentes
La rivalidad no es reciente. Montiel ha cuestionado a Campos por su postura frente a la violencia en Chihuahua y la ha comparado con el expresidente Felipe Calderón. Morena ha promovido además un juicio político contra la gobernadora, a lo que ella respondió que la ciudadanía chihuahuense defiende sus decisiones en las urnas.
En sentido inverso, Campos ha criticado al proyecto de la Cuarta Transformación y ha dicho que no se siente representada por él. Ambas dirigentes han utilizado la agenda de seguridad y soberanía como eje de sus señalamientos.
El conflicto
Habrá que observar ante qué instancia se formaliza la denuncia, si Campos presenta por su cuenta los elementos que dice tener y cómo responden las autoridades. Mientras tanto, la disputa mantiene en tensión la relación entre Morena y el gobierno de Chihuahua, en una fase previa a los procesos electorales de 2027. Cualquier resolución dependerá de las pruebas y de los criterios legales aplicables, no de los pronunciamientos políticos.
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