Caída de Taddei expone red de nombramientos del Grupo Tabasco en el INE
Ciudad de México. — La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre de 2026, no solo marca el fin de un capítulo controvertido en la historia reciente del órgano electoral mexicano, sino que también ha destapado una compleja red de influencias políticas que vinculaban al grupo del senador Adán Augusto López Hernández con cargos estratégicos dentro del organismo autónomo.
El anuncio de su dimisión, presentado ante la Cámara de Diputados, llegó tras semanas de intensos señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos con proveedores del instituto y un esquema de contrataciones cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, más allá del escándalo inmediato, la salida de Taddei ha puesto en evidencia cómo se consolidó una estructura de poder basada en lealtades políticas, particularmente del denominado “Grupo Tabasco”, gracias a facultades extraordinarias otorgadas en 2024.
Los “superpoderes” que debilitaron la colegialidad del INE
Un elemento central para entender la magnitud del caso radica en las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) aprobadas en octubre de 2024. Según reportes de diversos analistas políticos, durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, el entonces coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Adán Augusto López, instruyó al senador Pável Jarero Velázquez para presentar una reserva de último minuto.
Esta modificación, que pasó casi desapercibida para gran parte de la oposición y la sociedad civil, otorgó a la consejera presidenta la facultad de nombrar y remover unilateralmente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE, sin necesidad de contar con la mayoría calificada del Consejo General. Expertos electorales advirtieron en su momento que esta medida afectaba el principio de colegialidad, pilar fundamental de la autonomía del instituto.
Gracias a estas atribuciones, Taddei pudo colocar a personas de su absoluta confianza en puestos clave, muchos de ellos con antecedentes laborales vinculados a la administración de Adán Augusto López en Tabasco o a las estructuras del Partido Morena en esa entidad.
Nombramientos polémicos y el ascenso del “Grupo Tabasco”
Entre los casos más señalados por críticos de la gestión de Taddei destaca el nombramiento de Mario Alberto Alejo García al frente de la estratégica Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Este abogado tabasqueño, quien previamente trabajó como asesor del consejero electoral Jorge Montaño Ventura, ocupó diversos cargos en el Congreso de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
La designación de Alejo García generó controversia inmediata, pues voces especializadas indicaron que no reunía los requisitos constitucionales para ocupar dicho cargo. Además, en la UTF, Alejo García trajo consigo a otros colaboradores cercanos al grupo tabasqueño, como José Luis Hernández Villarruel, como director de análisis de riesgo, y a María del Carmen Cruz Tolentino, exfuncionaria del tribunal electoral local de Tabasco.
Otro punto crítico es la ubicación de Liliana Díaz de León Zapata al frente de la Dirección General de Administración, la estructura burocrática más grande del INE. Bajo sus órdenes se encuentra la nómina de la propia Taddei, quien, según documentos públicos, percibía un salario bruto mensual de 93 mil pesos en el organismo antes de su renuncia.
El escándalo de los proveedores y la investigación de la ASF
La chispa que detonó la crisis fue la revelación de vínculos entre la consejera presidenta y empresas proveedoras del INE. Medios locales informaron que uno de los choferes asignados a Taddei figuraba como apoderado de una empresa que recibía contratos millonarios para suministrar material electoral. Asimismo, la ASF abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en contratos por valor de 514 millones de pesos.
La auditoría fiscalizadora detectó indicios de triangulación de fondos y conflictos de interés, especialmente en la adjudicación de contratos a empresas como Corporativo Zeg, la cual, a pesar de registrar pocos empleados, obtuvo contratos por 184 millones de pesos. Estos hallazgos, sumados a grabaciones que mostraban viajes privados de familiares de Taddei con empresarios proveedores, erosionaron la legitimidad de su gestión.
Consecuencias políticas y el futuro del INE
La renuncia de Taddei deja al grupo político de Adán Augusto López sin una aliada estratégica en el sistema electoral federal. Ahora, los 10 consejeros restantes tienen un plazo de 24 horas para designar a un presidente provisional, mientras que la Cámara de Diputados deberá convocar a un nuevo consejo para concluir el periodo hasta 2032.
Voces críticas han comenzado a exigir una revisión exhaustiva de todos los nombramientos realizados por Taddei bajo sus nuevas facultades, argumentando que muchas de esas designaciones carecen de legitimidad técnica y responden a intereses partidistas. El proceso electoral federal 2026-2027, ya iniciado el 10 de septiembre, enfrenta ahora el desafío de mantener la credibilidad en medio de esta turbulencia institucional.
Como señaló la propia Taddei en su mensaje de renuncia: “La responsabilidad de organizar las elecciones va mucho más allá de cualquier persona… El Instituto Nacional Electoral es un bien público que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”. Sin embargo, la pregunta que queda abierta es si la institución podrá recuperarse de las grietas expuestas por este escándalo.
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