Congela el INE contratos y revisa mandos tras la salida de Guadalupe Taddei
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, ordenó detener la formalización de contrataciones y evaluar los nombramientos heredados de la gestión anterior. La Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y la Unidad de Inteligencia Financiera indagan presuntas irregularidades que la expresidenta del instituto niega.
Ciudad de México · 28 de octubre de 2026. El Instituto Nacional Electoral (INE) vive la semana más delicada de su historia reciente. A cuatro días de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la consejería presidenta, el organismo congeló la formalización de contratos, abrió la revisión de los mandos heredados de la administración anterior y quedó a la espera de que la Cámara de Diputados elija a su titular definitivo, en un proceso que se extenderá entre cuatro y cinco semanas y que ocurre con el calendario electoral de 2027 ya en marcha.
Contratos detenidos y perfiles bajo la lupa
La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó el martes 27 de octubre que todas las contrataciones en curso quedaron detenidas. “Todas están detenidas en este momento. Necesitamos primero revisar cuáles están en curso o incluso cuáles ya están para firma o iniciados”, declaró en conferencia de prensa, en la que explicó que la Dirección Ejecutiva de Administración no tiene autorización para dar luz verde a nuevos procedimientos.
Entre los primeros acuerdos anunciados por la nueva presidencia está la renovación de los cargos de decisión, con una evaluación del desempeño de cada perfil designado directamente por Taddei sin consulta al Consejo General, además de la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con el Órgano Interno de Control.
En ese marco se concretó la salida de tres mandos: José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, y la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La presidenta provisional señaló que las vacantes se cubrirán mediante encargadurías de despacho mientras las consejerías evalúan perfiles con experiencia en cada área.
Cruz García precisó además que el material electoral de la elección federal de 2027 —boletas, mamparas y urnas— todavía no ha sido adjudicado, y que la revisión se extenderá a los procesos que ya están en curso. Sí reconoció un contrato vigente que no puede rescindirse: el de producción de la credencial para votar, firmado en diciembre de 2025 y cuya elaboración arrancó el 1 de junio de 2026, porque el servicio se está prestando y llega a los módulos de atención ciudadana.
El origen del caso
El detonante fueron revelaciones periodísticas publicadas a partir del 19 de octubre, que vincularon a personas del círculo cercano a Taddei con empresas proveedoras del organismo. Entre los señalamientos difundidos destacó que una persona registrada como chofer de la entonces consejera presidenta aparecía en registros oficiales como apoderada legal de una compañía que surte material electoral al INE, y que un exdirectivo del instituto fungía como representante legal de firmas proveedoras.
De acuerdo con esas versiones, las compañías involucradas ya tenían contratos con Taddei desde 2021, cuando presidía el instituto electoral de Sonora, y se convirtieron en proveedoras del INE después de que ella asumiera la presidencia del organismo federal en abril de 2023.
Las investigaciones abiertas
El 23 de octubre, la ASF anunció una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos. En un comunicado, el órgano fiscalizador indicó que ya cuenta con “elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, y precisó que la indagatoria abarca al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados. La ASF sostuvo que procesará los señalamientos “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.
Fuentes cercanas a la indagatoria, citadas por medios nacionales, situaron en 514 millones de pesos el monto de los contratos con irregularidades atribuidas a empresas del proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Según esos reportes, una de las compañías, con apenas cinco empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtuvo contratos por 184 millones de pesos y transfirió 167 millones a otras cuatro firmas, en lo que la auditoría describió como triangulación de fondos. Otra empresa habría recibido más de 300 millones de pesos en contratos con el INE durante 2025 y aparece sancionada por las autoridades fiscales.
A esas pesquisas se suma una auditoría forense anterior, dictaminada en enero de 2026 sobre la cuenta pública 2024 —el primer año completo de la gestión de Taddei—, que documentó el caso de un proveedor de material electoral sin trabajadores registrados ante el IMSS que recibió 63.2 millones de pesos y los transfirió íntegros en menos de tres semanas a nueve empresas y una persona física que los auditores no pudieron vincular con el servicio contratado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congeladas decenas de cuentas bancarias asociadas a las sociedades y personas investigadas, mientras que el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de la República tienen abiertas sus propias líneas de revisión. Ninguna de estas instancias ha formulado imputaciones penales ni determinado responsabilidades administrativas hasta ahora.
La respuesta de Taddei
Taddei anunció su salida el domingo 25 de octubre, en un mensaje difundido por el propio instituto, y al día siguiente entregó su renuncia a la Cámara de Diputados, con efectos a partir del 26 de octubre. “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, escribió en el documento, en el que afirmó retirarse “con serenidad y dignidad” tras 33 años de servicio electoral.
En su mensaje, la entonces consejera presidenta sostuvo que su decisión buscaba proteger al instituto frente a “montajes y filtraciones cuya veracidad todavía tiene que determinarse”, y subrayó que la renuncia “no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”. Un día antes había dicho que el INE recibía “con respeto” la investigación de la ASF y que pondría a disposición de las autoridades la información correspondiente. También afirmó no haber sido notificada oficialmente por la UIF.
La ruta institucional
El relevo se rige por el artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que ante la ausencia definitiva del consejero presidente, los consejeros electorales nombran de entre ellos mismos a quien deba sustituirlo provisionalmente.
En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General designó a Blanca Cruz por unanimidad de votos, con el respaldo de los representantes de partidos y del Poder Legislativo. En su primer mensaje como presidenta provisional, Cruz García afirmó que “la colegialidad no es un trámite ni una formalidad; es el principio que da sustento a nuestras decisiones”. La versión estenográfica de la sesión está disponible en el portal del instituto.
En paralelo, la Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia y turnó la notificación del nombramiento provisional a la Junta de Coordinación Política. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que la convocatoria para elegir a la nueva presidencia podría aprobarse la próxima semana, que el procedimiento incluirá un Comité Técnico de Evaluación encargado de seleccionar a cinco finalistas y que la designación definitiva requiere el respaldo de dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes. Quien reciba el nombramiento concluirá el periodo que dejó vacante Taddei, previsto para 2032.
Monreal precisó que las consejerías actuales no podrán participar en el proceso y descartó que la presidencia provisional derive en una permanencia definitiva. La Gaceta Parlamentaria del 28 de octubre registra iniciativas relacionadas con las atribuciones de la presidencia del Consejo General, entre ellas una reforma al artículo 45 de la ley electoral cuyo eventual inicio de vigencia se fijaría al concluir el proceso federal 2026-2027.
El calendario electoral
El Proceso Electoral Federal 2026-2027 arrancó el 10 de septiembre de 2026 y culminará con los comicios de junio de 2027. Ese es el telón de fondo de la crisis: el organismo que organizará la elección cambia de mando a menos de un año de la jornada electoral y con las licitaciones de material en revisión.
Desde el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como “una buena decisión” y pidió que se esclarezcan los hechos. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, declaró, según las coberturas del caso. Monreal, por su parte, consideró la salida “una decisión correcta, porque el proceso no podía seguir en esas condiciones” y respaldó una revisión interna de la permanencia de funcionarios con vínculos con el proveedor señalado.
Los pendientes
A cuatro días del estallido, no se ha hecho pública la lista de procedimientos congelados, sus montos ni una fecha para concluir el análisis. La propia presidenta provisional advirtió que el proceso se realizará “sin anticipar responsabilidades”, y las autoridades fiscalizadoras han subrayado que las indagatorias siguen su curso técnico.
El caso combina cuatro frentes simultáneos —administrativo, fiscalizador, financiero y penal— sobre hechos que hasta ahora permanecen en el terreno de las presuntas irregularidades. La definición de la nueva presidencia del INE y el resultado de las auditorías marcarán el tono del debate electoral en los próximos meses.
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