Caso Carlos Manzo: suman 34 detenidos y la Fiscalía apunta a una red que unió a colaboradores cercanos con el CJNG

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre de 2026. A poco más de un año del asesinato del entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez, las autoridades michoacanas informaron que ya son 34 las personas detenidas por su presunta participación en el crimen. Según la Fiscalía General del Estado, la investigación apunta a una trama en la que se combinaron la filtración de información desde el círculo cercano al edil y la operación de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Qué han establecido las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo

El ataque ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan, ante cientos de asistentes que celebraban el Día de Muertos. Manzo, de 40 años, recibió varios disparos y murió poco después en un hospital. La Fiscalía precisó entonces que sus escoltas abatieron a uno de los agresores en el lugar y detuvieron a otros dos.

Con el paso de los meses, la cifra de detenidos creció de forma sostenida: de 10 personas a casi dos meses del crimen, a 20 en marzo de 2026, hasta llegar a las 34 actuales. El fiscal interino del estado, Israel Vega Rodríguez, señaló en octubre que el caso presentaba un avance de alrededor de 90 por ciento y sostuvo que las pesquisas no arrojan indicios de una línea política detrás del homicidio. En cambio, indicó que el móvil sería una represalia de la organización criminal.

Entre los capturados figuran integrantes de la célula que habría planeado y ejecutado el ataque, mandos intermedios, un grupo de escoltas del alcalde y personas del entorno municipal. A siete de esos escoltas se les procesó desde noviembre de 2025 por homicidio por omisión, al no haber garantizado la seguridad del funcionario.

La infiltración del CJNG en el entorno del alcalde de Uruapan

El punto más delicado de la investigación es la forma en que el Cártel Jalisco Nueva Generación habría llegado hasta el círculo de confianza del edil. De acuerdo con la Fiscalía, colaboradores cercanos a Manzo habrían traicionado al alcalde y compartido información sobre sus movimientos y su agenda. Un ejemplo es Samuel “N”, extitular de Relaciones Públicas y Protocolo, a quien las autoridades atribuyen haber pasado datos privados a la organización.

Otro frente abierto es el de la presunta filtración desde instituciones. La Fiscalía informó de la detención de una funcionaria municipal del área de Bienestar, acusada de ocultar información sobre el homicidio, así como de un oficial de la Guardia Civil y un excolaborador de la Fiscalía Regional de Uruapan, quienes habrían auxiliado a una operadora criminal ya detenida.

Sobre la autoría intelectual, las autoridades han señalado a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como líder regional del CJNG y capturado en un operativo federal. Antes, en noviembre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había confirmado la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presentado como uno de los autores intelectuales y líderes de la célula. El funcionario federal, quien comunica los avances de los operativos desde su cuenta de X, advirtió que las indagatorias continuarán hasta detener a todos los responsables. La dependencia que encabeza publica sus comunicados oficiales en el portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Quién era Carlos Manzo y qué es el Movimiento del Sombrero

Nacido el 9 de abril de 1985 en Uruapan, Manzo estudió ciencias políticas y gestión pública. Fue diputado federal por Michoacán entre 2021 y 2024 y llegó a la presidencia municipal en 2024 como candidato independiente, el primero en ganar esa alcaldía. Su estilo frontal contra el crimen organizado y su insistencia en pedir apoyo a las autoridades federales lo colocaron en el centro del debate nacional sobre seguridad. Su perfil completo puede consultarse en su ficha de Wikipedia.

Su proyecto político, conocido como Movimiento del Sombrero, sigue activo. Su viuda, Grecia Quiroz, rindió protesta como alcaldesa sustituta el 5 de noviembre de 2025 y ha reiterado que continuará con su legado. Quiroz ha pedido en distintos momentos que no se descarte la línea política del caso, una postura que contrasta con la conclusión que hasta ahora presenta la Fiscalía estatal.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la respuesta institucional

Tras el homicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien da seguimiento a los avances desde su cuenta de X, presentó el 4 de noviembre de 2025 el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con acciones en seguridad, desarrollo económico y cultura de paz. Cinco días después se detallaron sus 12 ejes. La mandataria afirmó entonces que el asesinato apuntaba a la delincuencia organizada.

El tema también llegó al Legislativo: en noviembre de 2025 se presentó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una propuesta para crear una comisión especial que dé seguimiento a los resultados del plan. Por su parte, el Gobierno de Michoacán mantiene coordinación con las autoridades federales en las mesas de seguridad. El contexto de la entidad puede consultarse en la entrada sobre Michoacán.

Lo que falta por esclarecer en el caso Manzo

Aunque la Fiscalía habla de un avance considerable, reconoció que quedan diligencias pendientes, entre ellas la detención de un exjefe de escoltas y la obtención de los teléfonos del exalcalde, piezas que podrían aclarar cómo circuló la información sobre sus desplazamientos. También permanece abierta la discusión sobre posibles responsabilidades fuera del ámbito delictivo, un punto que familiares y seguidores de Manzo continúan exigiendo que se investigue.

A un año del crimen, simpatizantes marcharon en Uruapan para pedir justicia y paz. Mientras el proceso judicial avanza, el caso se mantiene como uno de los episodios más reveladores sobre la capacidad de los grupos criminales para infiltrar estructuras locales y sobre los desafíos que enfrentan las autoridades para proteger a quienes ejercen cargos públicos en regiones de alta violencia.

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