Caso Herdez: tribunal federal mantiene proceso contra abogada acusada de fraude procesal
Ciudad de México. Un tribunal federal determinó que el proceso penal contra la abogada laboralista Irene León Escamilla debe continuar, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentara cerrarlo. La acusación, de fraude procesal, gira en torno a un juicio laboral contra Grupo Herdez que se extendió casi dos décadas y cuyo demandante, afirma la empresa, nunca fue empleado de la compañía.
Un juicio laboral que comenzó en 2007
El litigio arrancó en 2007, cuando Alfredo Jorge Colín Huerta reclamó a la empresa el pago de prestaciones e indemnizaciones por una supuesta relación de trabajo. El expediente, identificado con el número 578/2007, planteaba una suma cercana a los 20 millones de pesos. Tras años de trámite, el asunto terminó en un laudo desfavorable para la firma alimentaria.
En ese lapso, un tribunal advirtió irregularidades en el emplazamiento de algunas subsidiarias, por lo que se repuso parte del procedimiento. De acuerdo con lo declarado por la propia abogada, en 2014 el planteamiento cambió: el demandante pasó a presentarse como asesor del grupo, y se sumó el testimonio de una persona que sí había trabajado en la empresa.
Embargos, laudo y respuesta de la empresa
La resolución permitió a la parte demandante solicitar medidas cautelares sobre cuentas y bienes de la compañía. Reportes sobre el caso indican que llegaron a inmovilizarse hasta 650 millones de pesos, recursos que la empresa afirma haber recuperado después mediante acciones legales.
Herdez presentó una denuncia penal por fraude procesal. Su abogado general, Enrique González Casanova, advirtió que el laudo derivó en consecuencias financieras y operativas graves para el grupo a raíz de la manera en que llevó el proceso.
La postura de la familia y la presión en redes
Familiares de la abogada, en particular su hermana Aurora León, han difundido videos en plataformas digitales en los que piden su liberación. Sostienen que permanece en prisión únicamente por ejercer su profesión y han llamado al público a no adquirir productos de la empresa. Como en cualquier proceso penal, la abogada goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. A la petición se han sumado incluso periodistas de renombre como Hannia Novell.
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