Higinio Martínez recuerda que la ley prohíbe juzgar dos veces un mismo asunto al hablar del fraude de 2006
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, afirmó el viernes 13 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México, que, conforme a su entendimiento de la ley, un asunto que ya fue juzgado no puede volver a juzgarse. El legislador de Morena respondió así a la petición de su dirigente nacional, Ariadna Montiel, de crear en la Cámara de Diputados una comisión que indague el presunto fraude en la elección presidencial de 2006.
Higinio Martínez y su postura institucional sobre el fraude de 2006
Al conversar con representantes de los medios, el senador mexiquense optó por un tono mesurado. Precisó que hoy encabeza un órgano institucional del Senado de la República, que continúa siendo militante de Morena, pero que procura no intervenir en los asuntos internos de su partido por la responsabilidad que ejerce. Admitió, además, que todavía no ha analizado a fondo la propuesta.
En el terreno jurídico, reconoció que no puede asegurar si el caso encuadra como cosa juzgada. Sin embargo, indicó que su lectura de la norma es nítida: nadie debe enfrentar un segundo juicio por el mismo asunto. Ese principio, conocido en el derecho como non bis in idem, está recogido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Martínez Miranda preside la Mesa Directiva desde el 1 de septiembre de 2026, tras ser electo por el pleno con 116 votos para conducir el tercer año de la LXVI Legislatura.
Comisión de la verdad: la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados
El jueves 12 de noviembre, Ariadna Montiel acudió a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores oficialistas que impulsen una comisión encargada de revisar lo ocurrido en los comicios de 2006, en los que resultó electo Felipe Calderón Hinojosa. La dirigente aclaró que los hallazgos no tendrían consecuencias legales: el objetivo, explicó, sería conocer lo sucedido y fortalecer el proceso democrático, sin buscar venganza ni llevar el asunto a los tribunales.
La iniciativa surge a raíz de las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien en una entrevista sostuvo que intervino para que Calderón ganara. Posteriormente, Fox respondió desde su cuenta en X que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que se refería al efecto de un buen gobierno. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el 11 de noviembre que se investigue el tema y, a través de sus conferencias matutinas y de sus canales oficiales, atribuyó a sus críticos la intención de desacreditar la elección de 2027.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que se buscará el consenso con las bancadas opositoras, pero que, de no alcanzarlo, la mayoría podrá crear la comisión mediante votación ponderada. Conviene recordar que, según el Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones especiales son órganos no dictaminadores, creados para atender asuntos específicos. Los trabajos de la Cámara baja pueden seguirse en sus cuentas oficiales.
Reacciones del PAN y el PRI ante la comisión sobre 2006
La oposición recibió la propuesta con escepticismo. El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, la calificó como una broma y un distractor frente a los casos que involucran a Morena. No obstante, condicionó su apoyo: acompañaría la comisión si el oficialismo aprueba otras para investigar el huachicol fiscal y los presuntos vínculos de gobernantes con el crimen organizado. Agregó que las autoridades no pueden sancionar hechos de hace dos décadas, pues la Constitución establece límites.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota coincidió en que se trata de una maniobra para desviar la atención de los señalamientos recientes en torno al Instituto Nacional Electoral. Sostuvo que cualquier delito cometido en 2006 ya habría prescrito y que los registros digitales del conteo preliminar y los históricos del órgano electoral siguen disponibles para consulta, por lo que, a su juicio, no se requiere una comisión especial.
La resolución del Tribunal Electoral sobre la elección presidencial de 2006
Las elecciones federales del 2 de julio de 2006 se recuerdan como las más cerradas de la historia reciente del país: la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue inferior a un punto porcentual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 364 juicios de inconformidad contra el resultado y ordenó un recuento parcial en alrededor de 9 % de las casillas.
El 5 de septiembre de 2006, la Sala Superior aprobó por unanimidad el dictamen con el cómputo final, la declaración de validez del proceso y la designación de Calderón como presidente electo. En ese documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tribunal reconoció que la intervención presidencial representó un riesgo para la validez de la contienda, aunque concluyó que no fue determinante para el resultado.
Queda abierto el debate jurídico sobre si el principio de no juzgar dos veces el mismo asunto aplica a una comisión legislativa que, por diseño, no impondría sanciones. Es justamente la duda que dejó planteada el presidente del Senado.
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