Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre las redes de lavado de dinero de los cárteles mexicanos
El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien aporte datos que permitan desarticular los mecanismos financieros de los cárteles del narcotráfico que operan en México. El anuncio lo realizó el programa «Recompensas por la Justicia» (Rewards for Justice), mediante un comunicado en el que precisó que el objetivo es obtener cualquier elemento que conduzca a la interrupción de las estructuras de dinero de las organizaciones transnacionales calificadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Qué información busca Washington y por qué apunta al dinero, no solo a los jefes
Conforme al texto difundido, la administración estadounidense interesa recabar inteligencia sobre las fuentes de ingreso de dichas organizaciones, a las que atribuye actos de violencia y terror, así como esquemas de generación de recursos a gran escala que incluyen el robo de combustible, el narcotráfico, operaciones inmobiliarias y el secuestro.
En concreto, el programa señala como materiales de interés los siguientes frentes:
- Transacciones realizadas a través de instituciones financieras y casas de cambio que beneficien a los grupos criminales.
- Actividades de empresas o inversiones propiedad de los cárteles o bajo su control, incluyendo empresas fachada dedicadas a mover dinero en su nombre.
- Esquemas en los que participen integrantes o simpatizantes cuya actividad económica reditúe a la organización.
- Transferencias de fondos y de materiales hacia esos grupos o desde ellos, así como su tránsito por las redes de lavado de dinero.
Quienes dispongan de información pueden presentarla a través del portal oficial RewardsForJustice.net o acudiendo a la embajada o consulado estadounidense más cercano, conforme al protocolo que el propio programa detalla en sus canales oficiales de X (antes Twitter) y Facebook.
El antecedente directo: los cárteles designados como «organizaciones terroristas»
La oferta de recompensa no surge en el vacío. El 20 de enero de 2025, una órden ejecutiva —la numerada 14157— estableció que esos grupos representan una amenaza que excede el alcance del crimen organizado tradicional. Semanas después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a las primeras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED): entre ellas figuran el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
Esa calificación jurídica amplió el arsenal de herramientas con que Washington puede perseguir a estas estructuras: sanciones financieras, cargos por apoyo al terrorismo y presión sobre cualquier actor —banquero, corredor inmobiliario o empresa— que mueva sus recursos.
Una escalada de presión financiera contra el narco
La nueva recompensa se inscribe en una cadena de acciones de las autoridades estadounidenses durante 2026. En agosto pasado, el propio Departamento de Estado ofreció 25 millones de dólares por datos que llevaran a la captura de Juan Carlos González, «el Pelón», señalado como la cabeza visible del CJNG, dentro de un paquete total valorado en alrededor de 100 millones de dólares contra los mandos de esa organización, acompañado de restricciones de visa a familiares y socios de sus integrantes.
De forma paralela, el Programa de Recompensas Antinarcóticos del Departamento de Estado mantiene ofertas vigentes en la frontera sur: a mediados de noviembre autorizó hasta 20 millones de dólares —10 por cada uno— por dos presuntos narcoterroristas guatemaltecos vinculados a los cárteles de Sinaloa y del CJNG, uno de los cuales fue arrestado días atrás en San Diego. La Agencia Antidrogas (DEA) —que publica sus avisos en X, Instagram y LinkedIn— participa en la mayoría de esas pesquisas junto al Departamento de Justicia.
Del lado mexicano, la estrategia articula a los fiscalizadores financieros locales: en operativo reciente contra redes de fentanilo del Cártel de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP colaboró con el Tesoro estadounidense para identificar a los blancos de las sanciones. Analistas del sector reportan, además, que México ha endurecido sus reglas contra el lavado ante la presión de Washington y de los organismos internacionales de evaluación financiera, que han cuestionado la baja cantidad de condenas por ese delito en el país.
Qué esperar de aquí en adelante
Para las organizaciones criminales, el mensaje es inequívoco: la persecución migró del laboratorio y la plaza hacia el sistema financiero, las escrituras y las empresas de fachada. Para testigos, excolaboradores o vecinos de los operadores financieros del narco, la recompensa convierte ese conocimiento interno en un activo valioso —y en un riesgo— que Washington está dispuesto a pagar con cifras de hasta ocho dígitos.
El siguiente movimiento está en manos de quienes tengan los datos: cada tipificación enviada al programa puede traducirse en bloqueos de cuentas, cargos federales en Estados Unidos o nuevas designaciones. Este medio dará seguimiento a los anuncios que surjan de este programa y a sus efectos sobre los grupos designados.
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