“El velo de la opacidad en los aspirantes a jueces”
A pesar de haber prometido transparencia plena, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo sigue sumido en la opacidad. A tan solo una semana de que venza el plazo para inscribirse, este Comité ha informado que ya cuenta con dos mil 740 aspirantes registrados para las 881 plazas de jueces federales, de las cuales deben seleccionar a mil 793 para llevarlos a la votación final. Esto da como resultado un promedio de 1.5 aspirantes por plaza; sin embargo, la información detallada sobre qué puestos son los más demandados sigue siendo desconocida. El Comité de Evaluación no ha revelado ni los nombres de los aspirantes ni los números de los interesados en cargos clave como los de ministros de la Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito, jueces de distrito o magistrados de disciplina, lo que deja al proceso envuelto en incertidumbre.
En contraste, el Comité de Evaluación del Poder Judicial es el único que ha demostrado transparencia total, ya que su reporte diario de inscripciones está disponible al público. A fecha del 15 de noviembre (con un par de días sin reporte debido al fin de semana y a un descanso obligatorio), el Poder Judicial había registrado a 134 aspirantes. De esos, 86 se postulan para jueces de distrito, 37 para magistrados de circuito, 7 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 2 para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
En el caso del Poder Ejecutivo Federal, su Comité de Evaluación es el más opaco de todos. No solo carece de un espacio de consulta en los sitios web oficiales, como ocurre con los comités del Poder Judicial y del Legislativo, sino que además no ha brindado información alguna sobre el número de registros recibidos. Este silencio ha suscitado preocupación, ya que la falta de datos dificulta la comprensión pública del alcance de su proceso de selección.
Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, al momento de tomarle protesta a sus miembros, fue instado por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez y Gerardo Fernández, respectivamente, a ser lo más transparentes posible. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha publicado ni un solo informe detallado sobre el proceso, y solo Gerardo Fernández ha dado a conocer la cifra de aspirantes registrados, sin especificar a qué puestos se postulan.
De manera extraoficial, los integrantes del Comité han compartido la cifra de registros, pero según explican, no pueden revelar ni los nombres de los aspirantes ni la cantidad de candidatos por cargo, ya que aún no han realizado la clasificación de los mismos, lo que profundiza la falta de claridad y seguimiento en el proceso.
Cada uno de los tres poderes de la Unión debe presentar un total combinado de mil 793 candidatos a jueces federales, lo que sumaría un total de cinco mil 379 aspirantes para cubrir las 881 plazas disponibles. Sin embargo, con solo dos mil 740 registrados en el Poder Legislativo, es difícil evaluar si el promedio de 1.5 aspirantes por plaza refleja con precisión la distribución de los interesados. Al no conocer la cifra de candidatos por puesto, es posible que el número de aspirantes se concentre en ciertas posiciones, dejando a otros puestos con un número insuficiente de postulantes para asegurar una evaluación efectiva y completa de los mejores perfiles.
De acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial y las leyes que regulan este proceso, no existe ninguna disposición que indique que alguno de los tres poderes podría no completar el número necesario de candidatos para ser considerados en la votación. Esto es preocupante para el Poder Judicial, que lleva registrados 134 aspirantes, muy por debajo de los mil 793 necesarios para pasar a la siguiente fase de selección, sin lo cual no se podría garantizar que los puestos sean ocupados por los perfiles más calificados. Este vacío de información y la falta de un proceso adecuado de selección comprometen la legitimidad del proceso de renovación judicial y alimentan la desconfianza en la transparencia de las instituciones involucradas.