El Senado impulsa la reforma para eliminar órganos autónomos del Estado
Senado aprueba reforma para eliminar siete órganos autónomos, generando un intenso debate
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con 25 votos a favor de los senadores de Morena y sus aliados y 11 en contra, la reforma que plantea la desaparición de siete organismos autónomos clave, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros.
La reforma, que fue turnada a la Mesa Directiva del Senado para su discusión en el pleno, establece que las funciones de estos órganos desaparecidos quedarán absorbidas por diferentes dependencias del gobierno federal, con el INAI, por ejemplo, siendo integrado a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Este cambio se enmarca dentro de una reforma al artículo 28 de la Constitución que busca simplificar la estructura orgánica del Estado.
Órganos afectados por la reforma:
INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información)
IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)
Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica)
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)
Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación)
CRE (Comisión Reguladora de Energía)
CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos)
Con la reforma, se reconfigura el panorama de la competencia económica y la regulación en México, pues se prevé la creación de una nueva autoridad en competencia económica que fusionará las funciones del IFT y Cofece. Este nuevo organismo será desconcentrado, lo que implica que mantendrá autonomía operativa para investigar y sancionar prácticas monopólicas, cumpliendo con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece regulaciones claras sobre la competencia económica.
Posturas encontradas en el Senado
La reforma ha generado profundas divisiones entre los legisladores. La senadora priista Carolina Viaggiano rechazó el proyecto, argumentando que el INAI ha jugado un papel fundamental en la transparencia y en la defensa de los derechos ciudadanos, citando casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya y el socavón de Cuernavaca. Viaggiano resaltó que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el INAI ha gestionado más de dos millones de solicitudes de información, y su eliminación podría suponer un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y la transparencia en el país.
Por otro lado, la senadora Claudia Anaya expresó su preocupación sobre la posible vulnerabilidad en la protección de datos personales y la falta de garantías para proteger la información sensible de los ciudadanos. Además, alertó sobre posibles errores en la técnica legislativa que podrían poner en riesgo acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de transparencia y derechos humanos.
En contraste, el senador Alejandro González Yáñez del PT defendió la reforma, considerándola un paso necesario dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Para él, esta reforma representa la separación del poder político del poder económico, lo que fortalecería al Estado para servir mejor al pueblo, dejando atrás lo que calificó como un modelo neoliberal al servicio de la oligarquía.
El futuro de la reforma y su impacto
A pesar de la oposición expresada por algunos legisladores, la reforma cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria de Morena, el PT y el PVEM, quienes defienden que la eliminación de estos órganos duplicados fortalecerá al Estado mexicano, reduciendo costos y mejorando la eficiencia administrativa. Sin embargo, las leyes secundarias que regulen estas modificaciones serán un tema clave de debate, pues determinarán los alcances operativos de los nuevos organismos y su relación con los compromisos internacionales adquiridos por México, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales y la transparencia.
El curso legislativo de la reforma continuará su camino, y se espera que el debate en el pleno del Senado sea igualmente intenso. Este cambio legislativo podría marcar un parteaguas en la administración pública del país, modificando la relación entre el Estado y los ciudadanos y alterando la estructura del gobierno federal en un intento por reordenar las instituciones para hacerlas más eficientes. Sin duda, este proceso tendrá repercusiones importantes en el futuro de la política y la gobernanza en México.