“Morena Resalta el Operativo Enjambre como el Inicio de una Nueva Estrategia de Seguridad en México”
Paloma Sánchez, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, expresó su preocupación por la creciente violencia en Sinaloa, especialmente en la capital del estado, Culiacán, y calificó de error minimizar la situación que se vive en la entidad. La legisladora advirtió que Sinaloa necesita más apoyo de la Federación para enfrentar la grave crisis de seguridad que está afectando a la población. Subrayó que no solo se trata de un problema de violencia, sino también de una crisis económica sin precedentes que ha golpeado duramente a los ciudadanos y empresarios de la región.
Sánchez recordó que, durante su tiempo como senadora, solicitó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que no abandonaran a Sinaloa en este contexto tan complicado, y expresó su esperanza de que lo sucedido en el Estado de México, con el exitoso operativo “Enjambre”, se replique pronto en Sinaloa. En su opinión, la implementación de estrategias similares a las del Estado de México, que incluyeron importantes detenciones, sería clave para enfrentar la violencia que azota a la región.
La senadora señaló que, a pesar de las declaraciones oficiales de que “no pasa nada”, los empresarios sinaloenses con los que ha conversado le han expresado una gran preocupación. Estos le han advertido que si no se actúa de inmediato para frenar la violencia en Culiacán, la región podría enfrentar una crisis económica aún más grave, con negocios que podrían verse obligados a cerrar sus puertas debido a las condiciones de inseguridad. Sánchez destacó que, en los poco más de tres meses que lleva esta crisis, los indicadores de violencia han aumentado considerablemente, con 455 homicidios, 514 desaparecidos y 1,349 vehículos robados.
La legisladora hizo hincapié en que no se puede normalizar la violencia que vive Culiacán y Sinaloa, y recalcó que, aunque las personas deben salir a trabajar para sostener a sus familias, eso no significa que la violencia sea una situación aceptable o que deba ser tolerada. “No podemos acostumbrarnos a vivir en estas condiciones”, afirmó, instando a las autoridades a tomar medidas más contundentes.
Por otro lado, desde Morena, el “operativo Enjambre” fue destacado como el inicio de una nueva política de seguridad en México, centrada en el uso de la inteligencia para desmantelar los vínculos criminales con funcionarios públicos. Antonino Morales, legislador de Morena, sostuvo que esta operación, llevada a cabo en el Estado de México la semana pasada, es solo el comienzo de una estrategia de coordinación que fue aprobada por el Senado para combatir al crimen organizado. Morales aseguró que este tipo de operativos, que emplean información estratégica para desmantelar redes criminales, se replicarán en otras regiones del país, y se espera que sigan cayendo más servidores públicos vinculados con la delincuencia.
El legislador morenista celebró los resultados positivos de este operativo, que incluyó la detención de varios mandos policiales y fue llevado a cabo de manera sorpresiva, demostrando su eficacia. Morales también recordó la reciente reforma al artículo 21 constitucional, que obliga a los tres niveles de gobierno a coordinarse bajo un mando civil, una medida clave para evitar que la delincuencia se proteja bajo la autoridad local.
Además, subrayó que los gobiernos estatales y municipales deben colaborar con el gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado, proporcionando información y recursos para lograr una estrategia de seguridad más eficaz. Esta reforma, que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contó con el apoyo de los congresos estatales, lo que marca un paso importante hacia una lucha más coordinada contra el crimen.
Finalmente, Morales enfatizó que los avances en la implementación de estas reformas permitirán que el gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México, continúe fortaleciendo la estrategia de seguridad. Con la participación activa de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales, se busca enfrentar juntos al crimen organizado de manera más eficaz. El legislador advirtió que estos operativos se replicarán en otras regiones del país donde el crimen organizado ha logrado afianzarse, con la intención de erradicar sus redes y reducir la violencia que afecta a tantas comunidades.