México avanza en la aprobación de impuesto a cruceros: industria turística y empresarios advierten impacto negativos
El Congreso de la Unión está en proceso de aprobar un impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que arriben a puertos mexicanos. Esta medida, que entraría en vigor el 1 de enero, ha provocado una fuerte reacción de la industria turística y representantes empresariales, quienes advierten sobre la pérdida de competitividad y posibles afectaciones económicas para destinos clave del país.
La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) estima que el nuevo impuesto encarecerá los viajes a México hasta en un 213%, generando un impacto directo en las familias que visitan el país en crucero. Según Michele Paige, directora de la FCCA, una familia de cuatro personas enfrentaría un gasto adicional de 200 dólares. La industria de cruceros aporta mil millones de dólares anuales y sustenta más de 20 mil empleos en México, además de incentivar el gasto en comunidades locales con un promedio de 90 dólares por pasajero en tránsito.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtió que este impuesto podría perjudicar a localidades que dependen del turismo marítimo, como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Los Cabos, donde hasta el 90% de los visitantes llegan por crucero. Sin embargo, la Concanaco también planteó que, con una correcta implementación y reinversión en infraestructura, el impuesto podría convertirse en una oportunidad para modernizar los puertos y atraer turismo de mayor calidad.
La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) señaló que esta medida podría resultar en la pérdida de hasta 10 millones de pasajeros y más de 3 mil 300 escalas de buques, haciendo que los puertos mexicanos sean hasta tres veces más caros que otros destinos del Caribe. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Cozumel, Carmen Joaquín Hernández, propuso que el impuesto sea progresivo y se aplique a partir de 2026, ajustándolo según la duración de la estancia de los turistas en el país.
En respuesta a estas inquietudes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste a un cobro ya existente. Sheinbaum informó que ha instruido a las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo para dialogar con las empresas navieras y encontrar soluciones que no afecten al sector.
Este debate entre el gobierno, la industria de cruceros y los sectores empresariales continúa, mientras se buscan mecanismos que permitan proteger el turismo sin comprometer la competitividad de México como destino turístico.