De noviembre de 2023 a noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendió 551 denuncias contra trabajadores de la institución, de las cuales únicamente ocho resultaron en sanciones. Según el segundo informe de labores de Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, esto representa un 3.31% de resolución efectiva en investigaciones por presuntas faltas administrativas.
El informe detalla que, durante el periodo, 294 denuncias fueron desechadas debido a que no cumplían con los requisitos necesarios para proceder. Además, la SCJN resolvió 242 casos de fondo, destacando un aumento en la atención de estas investigaciones en comparación con años anteriores.
Entre las sanciones impuestas, cuatro correspondieron a amonestaciones privadas, tres a amonestaciones públicas y una a suspensión. La SCJN enfatizó que estas acciones buscan combatir la corrupción y prevenir futuras conductas indebidas.
Casos destacados incluyen el de Ricardo Márquez Blas, trabajador del Alto Tribunal, detenido en octubre de 2024 por presunta violencia de género. Aunque la SCJN afirmó que se encontraba bajo investigación interna, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto al principio de presunción de inocencia.
El informe también señala que se llevaron a cabo 211 comparecencias, nueve diligencias para recabar evidencia y 173 audiencias relacionadas con estas investigaciones. Sin embargo, la información sobre responsabilidades administrativas no ha sido actualizada públicamente en el portal oficial de la SCJN desde 2022, lo que genera dudas sobre la transparencia en la difusión de estos datos.
Finalmente, el documento recuerda que las faltas administrativas en el Poder Judicial, según el artículo 110 de su Ley Orgánica, incluyen conductas que comprometan la independencia judicial o la notoria ineptitud en el desempeño de sus funciones.