Detenciones, Operativos y Desafíos: La Estrategia de Seguridad de Sheinbaum y Harfuch en un México en Crisis
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha subrayado de manera constante una palabra en sus informes de seguridad: “detenciones”. Este término ha sido central en la narrativa oficial, destacando las capturas realizadas desde el inicio de la administración, como lo anunció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, antes de Navidad. En una conferencia de prensa, Harfuch informó que, desde el 1 de octubre, se habían llevado a cabo 6.745 detenciones, destacando el incremento respecto a los años del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, sin hacerlo explícitamente, pero insinuando una diferencia en el enfoque. Sin embargo, el problema es que, por ahora, estas detenciones no parecen reflejarse en la disminución de los índices de violencia. En los meses de octubre y noviembre, México registró más de 2.500 asesinatos, una cifra que refleja claramente el panorama de inseguridad de años anteriores.
Si bien los decomisos y las detenciones en Sinaloa parecen representar el rumbo que está tomando la estrategia del Gobierno, el Estado de México también ha sido protagonista de operativos que intentan revertir la violencia. En este caso, el Operativo Enjambre ha sido presentado como un golpe contundente contra la corrupción política y policial en la entidad más poblada del país. Este operativo, apoyado por militares, marinos y autoridades locales, ha permitido la detención de jefes de policía y altos funcionarios, mostrando que el gobierno federal está dispuesto a enfrentar la corrupción que permea muchas de las estructuras del poder local.
El corredor que comprende los estados de Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán es un claro ejemplo de la complejidad de cambiar la situación de seguridad en el país. En muchos de estos municipios, las líneas entre el crimen organizado y el poder político se difuminan, lo que convierte a los grupos criminales en actores clave dentro de los mecanismos de control local. Estos grupos ven en la administración pública local una oportunidad de negocio, sin los riesgos asociados al narcotráfico. El control de los presupuestos municipales y las jerarquías políticas les permiten operar con más facilidad y menor gasto. La lucha por estos espacios de poder es feroz, como lo demuestra el asesinato en octubre del alcalde de Chilpancingo, en Guerrero, lo que pone en evidencia la brutalidad con la que se defienden estos intereses.
El éxito de operativos como Enjambre, sin embargo, aún es limitado, y su alcance sigue siendo anecdótico, centrado en un número reducido de municipios. El desafío radica en extender estos operativos a otras regiones afectadas por la misma corrupción. La realidad es que los mismos grupos criminales que operan en el Estado de México tienen presencia en otros estados cercanos, como Michoacán y Guerrero. Si el Operativo Enjambre no trasciende fronteras, el impacto será mínimo y difícilmente el crimen organizado resentirá el golpe. Además, el verdadero reto para Sheinbaum y Harfuch es que los procesos judiciales sean sólidos y efectivos. A menudo, operativos de alto perfil pierden fuerza en los tribunales, y muchos de los detenidos terminan siendo liberados o sus casos se desinflan. La gran tarea que enfrentan es asegurar que la justicia no solo sea un discurso, sino que se traduzca en procesos judiciales eficaces, con un sistema de justicia que garantice la rendición de cuentas y castigue efectivamente a los responsables. La presión para lograr avances sustanciales es grande, y el Gobierno tiene poco margen de maniobra antes de que los resultados sean más evidentes o las críticas más fuertes.