Gobierno de México apuesta por financiamiento mixto y transparencia en la construcción de infraestructura, dejando atrás modelos corruptos
Durante el sexenio anterior, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Seguridad encabezada por Rosa Icela Rodríguez, se logró una significativa reducción en los contratos asociados a la gestión de los centros penitenciarios. Esta disminución, que permitió un ahorro cercano a los 10,000 millones de pesos que anteriormente se destinaban a estos pagos, no comprometió la calidad ni la cantidad de los servicios prestados en los centros. Sin embargo, se tiene prevista una nueva revisión exhaustiva de todos los contratos, ya que, como se mencionó en su momento, los pagos que se realizaban por cada persona privada de la libertad eran exorbitantes, lo que llevó al entonces presidente a compararlos con “hoteles de lujo”. Esta comparación no aludía a las condiciones de los centros penitenciarios, sino al alto costo que implicaban esos contratos.
El modelo que se empleó anteriormente, basado en asociaciones público-privadas (APP), permitía que el sector privado financiara la construcción de infraestructura penitenciaria, mientras que el gobierno se encargaba de los pagos mensuales hasta completar el financiamiento. Aunque este modelo facilitaba la realización de proyectos cuando los recursos públicos eran limitados, también resultaba en altos costos para el gobierno y, en algunos casos, abrió la puerta a actos de corrupción. Además, el financiamiento privado resultaba muy costoso, lo que elevaba aún más la carga financiera para el Estado.
El gobierno actual, dentro de la cuarta transformación, ha propuesto una visión diferente, basada en un esquema de financiamiento mixto. Esta propuesta se inspira en el modelo utilizado para la compra de las plantas de Iberdrola durante la administración de López Obrador, donde tanto el sector privado como el público asumen riesgos y comparten las ganancias, lo que permite una distribución más equitativa de los costos y los beneficios. Este enfoque no solo promueve un sistema más justo y equilibrado, sino que también asegura una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, este modelo de inversión mixta también se está aplicando a la construcción de infraestructuras como carreteras y aeropuertos. Un claro ejemplo de ello es la carretera recientemente inaugurada en Nayarit, que conecta la frontera entre Jalisco y Nayarit, pasando por las costas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este proyecto utilizó un esquema de participación público-privada en el que las ganancias generadas por la infraestructura también son compartidas entre el sector privado y el gobierno, lo que garantiza una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Este enfoque renovado y más equitativo, que reemplaza el modelo anterior, marcado por la corrupción y los altos costos, refleja el compromiso de la cuarta transformación de buscar soluciones más justas, transparentes y sostenibles para el país, asegurando que los recursos del pueblo se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos.