Ajustes presupuestales y reformas locales complican la elección de jueces en México en 2025
El próximo 1 de junio de 2025, 15 estados de México realizarán elecciones para jueces y magistrados locales, como parte de las reformas constitucionales aprobadas en septiembre de 2024. Esta medida forma parte de una iniciativa impulsada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, que busca transformar el sistema judicial del país.
Sin embargo, la organización de estas elecciones se enfrenta a dificultades debido a los recortes presupuestales en varios estados. Según un análisis de los presupuestos solicitados y aprobados por los congresos locales, siete entidades, entre ellas Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Veracruz, Sonora, Zacatecas y Tabasco, han recibido menos recursos de los necesarios. Este déficit de fondos complica la capacidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) para llevar a cabo el proceso electoral de manera efectiva.
Mientras tanto, estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala han logrado obtener los montos solicitados, y en lugares como Ciudad de México y San Luis Potosí, los presupuestos han sido incluso incrementados. Esto refleja un panorama dispar en la preparación de las elecciones, con algunos estados más preparados que otros para enfrentar los retos logísticos y financieros.
La reforma judicial también ha incluido otras medidas, como la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la implementación de “jueces sin rostro” en casos de crimen organizado. Además, se eliminan fideicomisos del Poder Judicial. Estas modificaciones son parte de un cambio estructural profundo en el sistema judicial mexicano.
Hasta el momento, 16 estados han realizado los ajustes necesarios en sus legislaciones para implementar la reforma. No obstante, la mayoría de los estados enfrentan dificultades para cumplir con los plazos establecidos, ya que la reforma exige que las 32 entidades federativas armonicen sus constituciones y leyes locales antes del 14 de marzo de 2025.
A pesar de los avances en algunos estados, los desafíos legales, financieros y operativos siguen siendo un obstáculo para garantizar que las elecciones de jueces y magistrados locales se realicen de manera transparente y efectiva.