Jufed advierte sobre sanciones para funcionarios de casilla en elección de jueces
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió una advertencia respecto a los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección de jueces, magistrados y ministros. Según la Jufed, quienes decidan involucrarse en esta elección podrían enfrentarse a sanciones penales y administrativas si no acatan las suspensiones y amparos otorgados contra la reforma judicial.
La Jufed explicó que las suspensiones judiciales contra la reforma han sido ignoradas o desestimadas, lo que se considera un incumplimiento flagrante del orden jurídico. Este desacato puede traer consigo responsabilidades para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes podrían ser sancionados a todos sus niveles. Además, si los ciudadanos actúan como funcionarios de casilla, podrían ser considerados operadores de la reforma suspendida y, por lo tanto, incurrir en las mismas conductas sancionables.
Asimismo, la Jufed recordó que el INE ha enfrentado graves desafíos logísticos debido al recorte presupuestal del 52% impuesto por el Congreso de la Unión. Esta reducción ha obligado al INE a reducir el número de casillas a un 43% de lo inicialmente planeado, así como a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura y transparente. Este panorama compromete la calidad del proceso electoral y abre la puerta a posibles irregularidades como el acarreo, la compra de votos y disparidades en los porcentajes de sufragio.
La Jufed también señaló que el modelo de votación, que contempla hasta seis boletas con un máximo de 60 candidatos por cargo, podría confundir al electorado y promover un sufragio poco informado. Incluso algunos consejeros electorales del INE han reconocido que la participación podría caer a niveles muy bajos, lo que indica que el proceso carece del respaldo social necesario y responde más a un intento de concentración de poder político que a un interés popular genuino.