Gobierno Federal intensifica esfuerzos para combatir la extorsión: Nuevas estrategias en materia de seguridad
En el marco de las conferencias periódicas sobre seguridad, el gobierno federal presentó cifras que evidencian un aumento en los delitos de extorsión, con un incremento del 16.8% en el periodo de 2019 a 2024. Aunque esta cifra refleja un preocupante aumento, las autoridades destacan que, en los primeros 100 días del nuevo gobierno, se ha registrado una disminución del 10.6% en las denuncias, lo que sugiere que los esfuerzos por mejorar la seguridad y el acceso a la justicia están comenzando a dar resultados, aunque todavía persisten retos importantes.
Uno de los principales problemas que enfrenta el combate a la extorsión es la baja denuncia por parte de las víctimas, debido al temor de represalias por parte de los delincuentes. Este fenómeno ha dificultado la medición precisa del fenómeno y la implementación de medidas eficaces. Sin embargo, el gobierno ha hecho énfasis en que las extorsiones están siendo tratadas como delitos graves, lo que implica que se aplicará prisión preventiva oficiosa a los agresores, según lo establecido por el Artículo 19 de la Constitución.
Para enfrentar esta situación, el gobierno está desarrollando una serie de ajustes a las leyes secundarias, incluidas reformas a la Ley de Procedimientos Penales, con el objetivo de facilitar el proceso de denuncia. Una de las principales medidas es la creación de un número telefónico exclusivo donde las personas podrán reportar extorsiones sin la necesidad de acudir directamente a la Fiscalía. Este sistema permitirá iniciar investigaciones de manera inmediata, incluso con la participación de los cuerpos de seguridad, garantizando así que las denuncias sean tomadas en cuenta y procesadas de manera ágil.
Las autoridades también han señalado que se están evaluando otras medidas adicionales para proteger a las víctimas y hacer que se sientan más seguras al momento de denunciar. Estas acciones se enfocarán en crear un entorno de confianza en el que las personas no teman represalias y se sientan apoyadas por las instituciones de seguridad y justicia.
El gobierno federal ha reiterado su compromiso de fortalecer las políticas de seguridad en el país, adaptando las estrategias conforme a las necesidades del contexto actual. El objetivo es reducir los índices de extorsión y otros delitos relacionados, al tiempo que se refuerza la confianza en las autoridades y el acceso a la justicia.
En conclusión, la extorsión sigue siendo uno de los delitos más desafiantes en términos de seguridad, pero con la implementación de estas reformas legales y nuevas estrategias de denuncia, se espera que el gobierno pueda reducir significativamente este fenómeno y mejorar la seguridad de las víctimas en todo el país.