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La ausencia del Comité del Poder Judicial podría afectar la legitimidad de la elección judicial 2024-2025

La ausencia del Comité del Poder Judicial podría afectar la legitimidad de la elección judicial 2024-2025

Especialistas en derecho electoral alertan sobre las implicaciones legales que podría tener la continuación del proceso electoral judicial extraordinario 2024-2025 sin la participación del Comité del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con los expertos, si el proceso se realiza sin este Comité, la primera elección judicial en la historia de México podría carecer de legitimidad.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió su participación en la elección por un fallo judicial emitido por el juez Sergio Santamaría Chamú, quien ordenó el 20 de diciembre de 2024 que los tres Comités de Evaluación se abstuvieran de continuar con sus respectivos procesos de selección de candidatos. Este fallo, que surgió dentro del juicio de amparo 1074/2024 promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), impide que el Comité del Poder Judicial avance en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial de 2025.

Según los expertos consultados, como Arturo Espinosa Silis, director de la agencia Laboratorio Electoral, las decisiones tomadas por los Comités del Poder Ejecutivo y Legislativo de continuar con el proceso, sin el Comité del Poder Judicial, podrían dar lugar a un proceso irregular, sin legitimación, lo que podría derivar en la anulación total de la elección. La magistrada María Emilia Molina también subraya que si el Comité del Poder Judicial no envía sus candidaturas a tiempo, se podrían celebrar elecciones judiciales sin candidatos válidos del propio Poder Judicial.

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La situación es crítica, ya que el proceso electoral debe concluir con la entrega de la lista definitiva de candidatos al Senado antes del 7 de febrero de 2025. La decisión de continuar con el proceso sin el Comité del Poder Judicial podría ser vista como un paso que comprometa la transparencia y legitimidad de la elección judicial.

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