“Seguridad y Cooperación en las Américas: Un Desafío Común para la Próxima Cumbre”
El mes pasado, representantes de toda América se reunieron en la República Dominicana para celebrar el 30º aniversario de la Cumbre de las Américas, un evento que invitó a reflexionar sobre las tres décadas de evolución en la cooperación hemisférica. La primera Cumbre se llevó a cabo en un contexto de esperanza y unidad, donde los países trabajaban juntos para lograr objetivos comunes en una época marcada por el optimismo. Sin embargo, hoy el panorama es profundamente diferente. El hemisferio se enfrenta a crecientes divisiones y los países luchan por encontrar un terreno común, mientras se intensifica la polarización.
A medida que se planifica la Cumbre de 2025, los líderes deben construir una agenda que aborde los desafíos que afectan a todas las Américas. Uno de los temas prioritarios debe ser la inseguridad ciudadana, un problema que no solo es urgente, sino también transnacional, y que requiere una respuesta coordinada a nivel regional.
Las cifras son alarmantes. América Latina y el Caribe registran las tasas de homicidio más altas del mundo, y más de la mitad de estos asesinatos están vinculados al crimen organizado. El 20% de los ciudadanos de la región considera que la inseguridad es su principal preocupación, mientras que casi una cuarta parte afirma haber sido víctima de un delito en el último año. Las consecuencias humanas son devastadoras, especialmente para los jóvenes, las mujeres y las comunidades más vulnerables. De hecho, una de cada cuatro mujeres en la región ha sufrido violencia de género, y cada dos horas se reporta un feminicidio.
Esta creciente preocupación por la delincuencia también se refleja en Estados Unidos, donde un número cada vez mayor de ciudadanos, casi el 60%, señala la criminalidad como una de las principales prioridades de la Administración entrante de Donald Trump. Aparte de los efectos directos sobre la calidad de vida, la inseguridad tiene un impacto negativo en el desarrollo económico, alimenta la crisis migratoria que afecta a toda la región y socava la confianza en las instituciones democráticas.
El crimen inhibe la inversión, interrumpe el turismo y consume recursos públicos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la delincuencia cuesta a los países de América Latina y el Caribe el 3,5% de su PIB. Además, junto con los desastres naturales, la victimización por delitos es uno de los principales factores que impulsa la migración desde los países de la región. En Centroamérica, las personas que han sido víctimas de delitos tienen 1,5 veces más probabilidades de considerar la emigración. En países como Ecuador, el aumento de la violencia ha sido un factor clave en el creciente éxodo de ciudadanos. Lo más alarmante es cómo la inseguridad continua socava la gobernanza democrática. Solo tres de cada cinco personas creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno, y apenas dos de cada cinco están satisfechos con su funcionamiento, en parte porque los gobiernos no han logrado garantizar la seguridad básica. Cuando la población se siente insegura, se vuelve más receptiva a propuestas de mano dura que amenazan con erosionar los principios democráticos. Esto crea un ciclo peligroso: las instituciones democráticas debilitadas no pueden resolver los problemas de seguridad, lo que disminuye aún más la confianza pública.
La Cumbre de las Américas 2025 ofrece una oportunidad única para construir un marco de cooperación global que conecte dos aspectos frecuentemente tratados de manera aislada: abordar las causas profundas de la criminalidad y fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la ley y la justicia. Este esfuerzo debe involucrar a todos los sectores: gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos multilaterales.
En cuanto a la aplicación de la ley, la cooperación regional, que fomente el intercambio de información, iniciativas conjuntas de seguridad y esfuerzos coordinados, es crucial para desarrollar una infraestructura de seguridad hemisférica. Trabajando en conjunto, los países pueden desmantelar redes criminales, mejorar la recopilación de información y reducir el flujo de armas y drogas que alimentan la violencia en toda la región.
Sin embargo, la aplicación de la ley por sí sola no resolverá la crisis. Para lograr un progreso sostenible, es necesario implementar políticas que aborden los factores socioeconómicos que impulsan la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a una educación de calidad y la exclusión social. Un enfoque equilibrado que combine una aplicación eficaz de la ley con programas sociales, oportunidades económicas y acciones comunitarias podría generar resultados duraderos. La Cumbre puede facilitar el intercambio de estas prácticas basadas en evidencia y generar el apoyo político necesario para soluciones integrales.
Al promover un marco que combine cooperación institucional e inversión social, la Cumbre puede ser clave para establecer las bases de sociedades más seguras e inclusivas en todo el continente. Lo más importante es que este encuentro puede servir para reunir a los países de las Américas en la búsqueda de soluciones a un problema común, mientras se reconstruye el espíritu de cooperación hemisférica que inspiró las primeras Cumbres hace tres décadas. La seguridad de nuestros ciudadanos y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas dependen de nuestra capacidad para actuar unidos frente a esta amenaza compartida.