“Activistas y Académicos Mexicanos Exigen Acción a EE. UU. Contra el Tráfico Ilegal de Armas que Desangra a México”
Un grupo de 18 académicos, activistas y miembros de la sociedad civil de México presentó un “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Estados Unidos, apoyando la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas de fuego que facilitan el tráfico ilegal de estas hacia el país. Este documento, de 32 páginas, fue entregado el 17 de enero, justo antes de la toma de posesión del republicano Donald Trump, conocido por su firme apoyo a la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.
En el texto se subraya que, en 2023, el 68% de las armas aseguradas en México provenían de Estados Unidos, y se calcula que entre 200 mil y casi medio millón de armas son traficadas anualmente. “Las armas de fuego traficadas con éxito desde Estados Unidos hacia México son utilizadas por organizaciones criminales para llevar a cabo actos de violencia generalizada, afectando a comunidades enteras”, señala el documento. Además, se destaca que este tráfico de armas ha sido un factor clave en el desplazamiento forzado de 392 mil personas en México entre 2008 y 2023, además de contribuir a la desaparición de cientos de miles debido a la violencia generada por el crimen organizado.
El impacto de esta actividad ilegal también ha supuesto enormes costos para las autoridades mexicanas, que han tenido que destinar miles de millones de dólares a la lucha contra el crimen, lo que ha afectado gravemente la economía del país. El tráfico de armas ha llevado a la pérdida de empleos, salarios y recaudación fiscal, afectando directamente a la estabilidad social y económica.
Asimismo, el informe destaca que uno de los principales factores que impulsa la migración hacia Estados Unidos es el tráfico de armas. Según el documento, el 47.3% de las personas que solicitaron asilo en Estados Unidos afirmaron haber sido amenazadas con armas de fuego en México, lo que evidencia la relación entre la violencia armada y la migración forzada.
El “amicus curiae” fue respaldado por personalidades como Adrián Lebarón, activista de Sonora que lucha contra el tráfico de armas tras el asesinato de nueve miembros de su familia en 2019; el académico y defensor de los derechos humanos, Sergio Aguayo Quezada; y María Isabel Cruz Bernal, madre de un hijo desaparecido desde 2017.
En el texto presentado ante la Corte, se enfatiza que el costo humano y social del tráfico ilegal de armas es insostenible, ya que alimenta la violencia organizada, socavando el tejido social y poniendo en peligro la vida de miles de mexicanos cada día.