Ministro libra a Elektra de multas por su estrategia de dilación
El Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, logró evitar multas este miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por promover recursos de impedimentos infundados en torno a los juicios fiscales que enfrenta. Estos juicios, relacionados con créditos fiscales por un monto cercano a los 35 mil millones de pesos, han sido objeto de diversas acciones legales por parte de la empresa.
En la sesión de la primera sala, la SCJN resolvió por unanimidad de cuatro votos no imponer sanciones económicas a Elektra, tras desestimar los impedimentos que la empresa promovió para evitar que la ministra Margarita Ríos Farjat participara en la resolución de los recursos de reclamación 616/2024, 617/2024 y 618/2024. Estos recursos están relacionados con los juicios fiscales mencionados anteriormente.
Los impedimentos son recursos legales mediante los cuales una de las partes en un juicio busca excluir a un juez o magistrado de intervenir en el caso, debido a la presunción de que su imparcialidad podría verse comprometida. Sin embargo, en este caso, la SCJN consideró que los impedimentos promovidos por Elektra no estaban justificados y no representaban una amenaza a la imparcialidad de la ministra Ríos Farjat. Como resultado, no se impuso ninguna multa a la empresa.
La Ley de Amparo, en su artículo 250, establece que quien solicite un impedimento con el fin de entorpecer un juicio puede ser sancionado con una multa económica, que puede variar entre 30 y 300 días de salario. En este caso, los proyectos presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá concluyeron que no existieron elementos suficientes para considerar que los recursos de impedimento promovidos por Elektra tenían el propósito de dilatar el procedimiento.
Desde el año pasado, Grupo Elektra y su filial, Nueva Elektra del Milenio, han presentado ante la SCJN al menos 22 recursos de reclamación y solicitudes de impedimento, con el fin de frenar las decisiones sobre los juicios relacionados con el pago de impuestos federales. Estas acciones han retrasado las resoluciones del máximo tribunal sobre el caso. El 9 de enero, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a la empresa de llevar a cabo una estrategia dilatoria con el objetivo de evitar que se dictaran sentencias sobre los amparos promovidos.