“Escándalo en las Fuerzas Armadas: 278 Soldados Denunciados por Vínculos con el Crimen Organizado”
Entre 2010 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha denunciado a un total de 278 soldados por presuntos vínculos con el crimen organizado, en su mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, según informes de la Fiscalía de Justicia Militar, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Estos soldados han sido identificados por sus propios mandos medios, quienes detectaron irregularidades como el robo de armas o nexos con desertores que forman parte de grupos criminales, lo que llevó a las denuncias que buscan sancionar a los implicados.
El proceso judicial de los soldados involucrados en actividades delictivas ha sido largo, incluso en algunos casos durando más de una década debido a la constante circulación de los casos entre la justicia militar y la civil, debido a los amparos interpuestos por los implicados. Algunos de estos casos han llegado hasta la Suprema Corte para definir los alcances del fuero militar y la competencia de las autoridades para juzgar a los soldados.
Un caso relevante es el de Arturo, un soldado de infantería que, según las investigaciones, habría estado involucrado con La Familia Michoacana, un grupo delictivo. Arturo confesó haber proporcionado información clave sobre el movimiento de vehículos militares y operaciones de seguridad a este cártel, a cambio de un sueldo mensual de cinco mil pesos. En sus declaraciones ante la Fiscalía General de Justicia Militar, Arturo detalló cómo se reclutaba a miembros activos del Ejército para que operaran como informantes de los cárteles de la droga. También se revelaron otros casos, como el de un capitán que colaboraba con el narcotráfico a cambio de pagos sustanciales.
Por otro lado, Raúl, otro soldado involucrado en la filtración de información, admitió haber compartido detalles sobre el movimiento de altos mandos militares a cambio de dinero. En su caso, se determinó que los pagos eran enviados a través de mensajes de texto que alertaban a los cárteles sobre los desplazamientos de los comandantes del ejército.
El Código de Justicia Militar establece penas severas para los soldados involucrados en el narcotráfico o en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. La pena por traición a las Fuerzas Armadas puede oscilar entre 30 y 60 años de prisión, además de la baja definitiva del Ejército. Las autoridades continúan investigando estos casos y buscando erradicar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, un proceso que sigue enfrentando obstáculos legales debido a la naturaleza del fuero militar y la complejidad de los amparos interpuestos.