“Lenia Batres sugiere recortes millonarios en la Suprema Corte: menos camionetas blindadas y privilegios para ministros”
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso implementar recortes en los beneficios de los ministros con el objetivo de generar un ahorro de hasta 217 millones de pesos. Entre sus propuestas destaca la venta de una de las dos camionetas blindadas asignadas a cada ministro, argumentando que una sola es suficiente para garantizar la seguridad y movilidad de los magistrados. La propia ministra Batres mencionó que ella misma no utiliza la segunda camioneta, calificando esta prestación de “un privilegio” y de vehículos innecesarios.
En un video publicado en su cuenta de X, Batres explicó que su propuesta busca racionalizar los recursos de la Corte y apuntó que la eliminación de uno de los vehículos blindados sería un paso hacia una gestión más austera. Además de esta medida, la ministra propuso la eliminación de otros beneficios, como los apoyos para alimentos, medicamentos y los seguros de separación individualizados que actualmente reciben los ministros, así como los beneficios destinados a los ministros en retiro.
Enlace al video de X: https://x.com/LeniaBatres/status/1884603736632263023
La ministra también subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de recursos, sugiriendo que los viáticos, incluidos los boletos de avión, sean revelados públicamente. Sin embargo, Batres lamentó que sus propuestas no fueran apoyadas por el resto de sus compañeros, quienes, en su lugar, optaron por recortar derechos de los trabajadores, afectando la asignación de fin de año y el presupuesto para el comedor de la Suprema Corte.
En noviembre de 2024, un reportaje de Latinus reveló que Batres utilizó recursos de la SCJN para realizar viajes a diferentes ciudades del país con el fin de promover la reforma judicial mientras estaba en discusión en el Congreso. A pesar de estas controversias, la ministra se ha mantenido firme en su postura de buscar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos de la Corte.