Proponen hasta 12 años de cárcel por robo y venta clandestina de agua en México
El Partido del Trabajo (PT) ha presentado una iniciativa de ley para sancionar con penas de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos a quienes roben, exploten o comercialicen agua potable de manera ilegal, alterando la infraestructura hidráulica del país.
Sanciones propuestas
El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, propuso una reforma al Código Penal Federal, que contempla castigos de 4 a 8 años de cárcel y multas de 11 mil a 113 mil pesos para quienes:
- Sustraigan, exploten o transporten agua potable sin el permiso correspondiente.
- Alteren la infraestructura hidráulica nacional.
- Realicen perforaciones ilegales para extraer agua subterránea sin concesión.
Sin embargo, si el robo de agua se comete con el propósito de venderla a través de pipas u otros medios para obtener beneficio económico, la pena podría aumentar de 6 a 12 años de prisión y una multa de hasta 226 mil 280 pesos.
Adicionalmente, si los responsables de estas prácticas son servidores públicos, la pena se duplicaría, como parte de la propuesta legislativa.
El robo de agua, un problema creciente
El diputado Manzanilla Téllez justificó la iniciativa señalando que el robo de agua y su comercialización clandestina han generado un mercado ilegal que afecta la distribución justa del recurso, principalmente en zonas con escasez, elevando costos y profundizando desigualdades en el acceso al líquido vital.
Agregó que esta problemática compromete la seguridad hídrica y afecta a miles de familias que dependen de la infraestructura pública para abastecerse de agua.
Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El legislador del PT destacó la urgencia de legislar sobre este delito, ya que el cambio climático y la crisis del agua en diversas entidades exigen medidas más estrictas para garantizar la conservación y distribución equitativa del recurso en el país.
De aprobarse, esta reforma representaría un paso firme en la lucha contra el huachicoleo del agua, un problema que ha cobrado relevancia en los últimos años ante el incremento de sequías y la falta de acceso al recurso en comunidades vulnerables.