El Congreso CDMX instalará Comisión para la Generación Z como respuesta directa a los disturbios registrados en la llamada Marcha de la Generación Z, que derivaron en enfrentamientos entre contingentes de manifestantes y cuerpos policiacos en el corazón político de la capital. Para la mayoría morenista, la herramienta parlamentaria será el cauce institucional para investigar lo ocurrido “hasta las últimas consecuencias”, mientras la oposición acusa un intento de criminalizar la protesta y golpear a sus alcaldías emblema.
De la protesta juvenil al choque en el Zócalo
La movilización del 15 de noviembre nació como una protesta convocada por jóvenes contra la inseguridad y la violencia, con el sello de ser ciudadana y apartidista, pero terminó convertida en un campo de batalla simbólico por el sentido de la calle. El recorrido, que avanzó desde el Ángel de la Independencia, se tensó al llegar al Zócalo, donde se reportaron empujones, daños a infraestructura y forcejeos en torno a las vallas colocadas frente a Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los momentos de mayor gravedad se concentraron cuando grupos encapuchados y contingentes ligados a organizaciones de comerciantes ambulantes se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en una secuencia que dejó un saldo de más de un centenar de heridos y decenas de detenciones. Para el gobierno capitalino, no se trató de una deriva espontánea de la protesta, sino de una operación política diseñada para fabricar una narrativa de represión y desgaste contra la administración local.
Cómo operará la Comisión Especial
El Punto de Acuerdo aprobado en el Congreso capitalino mandata la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones sobre los actos de violencia del 15 de noviembre, con participación de todas las fuerzas políticas representadas. De acuerdo con la coordinación de Morena, el órgano legislativo tendrá facultades para solicitar información a dependencias, llamar a comparecer a servidores públicos y formular recomendaciones o denuncias derivadas de los hallazgos que se documenten en su informe final.
La propia dinámica de las comisiones especiales impone fecha de caducidad: nacen para un caso concreto y desaparecen una vez entregado su dictamen, lo que en este expediente puede traducirse en conclusiones sobre responsabilidades políticas y administrativas en niveles de alcaldías, mandos policiales y operadores territoriales. Mientras en los pasillos del recinto se anticipa un proceso de varias semanas, el tablero real estará también en los medios y en las redes, donde cada sesión será leída como una batalla más en la disputa por la versión dominante de lo ocurrido en el Zócalo.
Morena niega venganza y coloca la lupa en alcaldías opositoras
Desde el oficialismo capitalino se insiste en que la instalación de la Comisión no persigue fines de revancha, aun cuando los principales señalamientos apuntan a administraciones de oposición. La coordinadora morenista, Xóchitl Bravo Espinosa, ha reiterado en conferencias que “no es persecución política”, sino un ejercicio de rendición de cuentas donde “el que nada debe, nada teme”, y ha prometido que la revisión alcanzará a todos los actores involucrados.
El punto más sensible está en las acusaciones contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ambos identificados con el bloque PAN–PRI–PRD, a quienes se exhortó a solicitar licencia mientras avanzan las pesquisas. El exhorto incluye un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para profundizar las investigaciones sobre la posible intervención de funcionarios y estructuras institucionales en la movilización y en los actos violentos del 15N.
Comerciantes, coacción y disputa por la calle
Una de las vetas más delicadas del expediente legislativo es la presunta coacción a comerciantes de distintas demarcaciones para nutrir la marcha y ubicarlos en zonas clave del Zócalo, justo donde escalaron los enfrentamientos con la policía. Diputados de Morena aseguran haber recibido testimonios de vendedores ambulantes que habrían sido presionados por liderazgos locales para acudir a la protesta, bajo amenazas veladas o condicionamientos vinculados con permisos y tolerancias históricamente precarios.
Al interior del Congreso, algunas voces han intentado matizar, señalando que muchas de esas personas actuaron bajo presiones políticas que no comparten, pero que difícilmente pueden desafiar en solitario. Morena, sin embargo, mantiene que se trata de redes consolidadas de movilización que por años han operado como músculo electoral y que en esta ocasión habrían sido activadas como grupos de choque contra el gobierno de la ciudad, lo que, subraya, refuerza la necesidad de que la Comisión llegue al fondo.
Congreso CDMX instalará Comisión para la Generación Z y el eco nacional
La discusión ya rebasó a la capital y alcanzó a la esfera federal: la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la investigación e hizo un llamado a esclarecer quién estuvo detrás de las agresiones a policías y de los intentos por derribar las vallas de seguridad en el Zócalo. Desde la narrativa de la Cuarta Transformación, los hechos del 15 de noviembre se inscriben en una estrategia opositora más amplia para deslegitimar al gobierno y exhibirlo como represor, mientras desde la acera contraria se denuncia la creación de “presos políticos” y la criminalización de la protesta.
En este contexto, el Congreso CDMX instalará Comisión para la Generación Z en medio de un clima donde cada declaración suma o resta en la disputa de 2025, y donde la línea entre justicia y cálculo electoral se vuelve especialmente delgada. La oposición buscará utilizar la propia Comisión como tribuna para denunciar un uso faccioso del poder legislativo, mientras Morena apostará por exhibir supuestos vínculos entre estructuras territoriales, liderazgos de alcaldía y grupos violentos que actuaron en el 15N.
¿Qué puede cambiar la Comisión?
La ruta que abra el informe final será crucial: podría derivar en recomendaciones administrativas, denuncias formales ante autoridades competentes e incluso en una presión política sostenida para que figuras como Rojo de la Vega o Tabe se separen del cargo, si se acredita alguna forma de participación institucional. También podría alimentar reformas en protocolos de seguridad y en reglas de relación entre gobiernos locales, comerciantes y cuerpos policiales durante movilizaciones masivas, un terreno históricamente gris donde la improvisación suele imponerse al diseño.
Más allá de los tiempos legislativos, el desenlace marcará un precedente sobre cómo se procesa, desde el Congreso de la Ciudad de México, la convergencia entre protesta social, operación territorial y violencia política en la era de la Generación Z. Mientras la capital intenta decodificar qué ocurrió realmente la tarde del 15 de noviembre, el mensaje de fondo es claro: la calle sigue siendo el escenario donde se juegan las grandes disputas de poder, y ninguna de las partes está dispuesta a cederla sin dar pelea.
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