PJF, FIN AL IMPERIO DE NEPOTISMO Y VENTA DE JUSTICIA

La corrupción acumulada en el Poder Judicial Federal desde los años previos a la transición del poder presidencial y durante las alternancias, pese a la creación de organismos de control interno que no funcionaron, sirven hoy de justificación para que el nuevo régimen sustituya a todos sus integrantes y le ponga candados al desempeño de quienes serán sus relevos.

Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó por primera vez la idea de refundar al Poder Judicial de la Federación mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros, en febrero de 2023 , luego de que la SCJN desechara por inconstitucional su propuesta de reforma electoral, uno de los muchos reveses propinados por la Corte a sus iniciativas, el debate por la corrupción imperante en todo el sistema de justicia mexicano llevaba por los menos siete años gravitando en los círculos académicos e intelectuales, promovido en buena parte por organizaciones de la sociedad civil que, basadas en estudios de la profundidad de los vicios que impiden el acceso a la justicia, en especial de las personas de menores ingresos, exigían una limpia no sólo en el Poder Judicial Federal sino en los poderes judiciales de todos los estados; en las fiscalías federal y las estatales; en las policías ministeriales federal y las estatales; en las policías preventivas estatales y municipales y en todo el sistema penitenciario federal y los estatales. Una purga completa en todo el sistema de justicia mexicano. Si bien los diagnósticos de universidades y organizaciones como la UNAM, el CIDE, el Instituto Mexicano de Competitividad, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Alto al Secuestro, México Cómo Vamos, México  Unido Contra la Delincuencia, entre otros, aportaron datos duros contundentes sobre las fallas, carencias, y corrupción imperantes en todo el sistema, la estrategia del ex presidente López Obrador, de sacar de la discusión pública a los demás operadores del sistema de justicia y centralizarla únicamente en las fallas y corrupción de jueces, magistrados y ministros federales, para lograr el apoyo electoral necesario para impulsar su reforma judicial, rindió frutos: La refundación del Poder Judicial Federal está en marcha y hay la percepción de unanimidad popular en el diagnóstico: Ese poder está podrido. Aun cuando desde la intelectualidad sigue habiendo voces que advierten sobre la muy limitada efectividad que tendrán los cambios en el Poder Judicial Federal si no se acompañan con una limpia de todo el sistema, nada parece cambiar la percepción popular unánime contra la corrupción exclusivamente de jueces y magistrados federales, y de ministros de la Suprema Corte, a juzgar por estudios de opinión pública como los del INEGI y varias encuestadoras privadas, que reflejan un abrumador apoyo a la purga sin reparar en que ésta sólo se centra en el Poder Judicial Federal. Y no es para menos: Las conclusiones de estudios sobre el nepotismo y corrupción imperantes en juzgados y tribunales federales, ventilados con mayor énfasis por el Gobierno Federal y sus aliados políticos, han hecho que las acusaciones, en su momento de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, parezcan irrefutables. La afirmación reiterada por López Obrador de que el actual Poder Judicial federal trabaja en favor de “una minoría rapaz”, fallando en favor de grandes empresas y en contra de las instituciones que defienden los intereses del pueblo, así como liberando lo mismo a delincuentes de cuello blanco que a miembros del crimen organizado, es ahora continuada por su sucesora la presidenta Sheinbaum, quien justifica así las reformas realizadas por la mayoría de su partido y sus aliados en el Congreso de la Unión, para reconstruir mediante voto popular al Poder Judicial Federal e impedir que jueces, magistrados y ministros puedan echar para atrás cualquier cambio constitucional aprobado por el Poder Legislativo y decretado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, esto último, haciendo explícita y ampliando la supremacía constitucional. Sheinbaum ha contestado a sus críticos de México e internacionales que señalan una peligrosa concentración de poder al controlar un solo grupo político no sólo la integración sino el desempeño del futuro Poder Judicial Federal. A ellos les ha pedido no olvidar que dicha reforma “es el resultado de la lucha del pueblo de México contra la corrupción que se vive dentro de las instituciones de impartición de justicia”. “Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide: la Reforma al Poder Judicial que hoy es parte de la Constitución no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación”, ha atajado la Presidenta. Echando mano de los mismos estudios que en el pasado realizaron las organizaciones que hoy descalifican sus reformas, Sheinbaum, al igual que López Obrador, sigue centrando sus argumentos en el nepotismo y la corrupción que se vive únicamente en el Poder Judicial Federal. Quienes hoy defienden los privilegios de los jueces, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, antes reconocieron el problema, ha dicho Sheinbaum, en referencia a la investigación que esa ONG publicó en 2017, titulada “el poder familiar de la federación”, en referencia al nepotismo generalizado en el PJF. Otro estudio, el de la organización Quinto Elemento Lab, publicado más recientemente, da cuenta del fracaso del Consejo de la Judicatura Federal, organismo de control interno del Poder Judicial Federal para vigilar la actuación de sus integrantes. Desde su creación hace 23 años, no ha castigado casi ningún caso de corrupción de juzgadores aun contando con pruebas. Por eso Sheinbaum dirige la atención nuevamente hacia la justificación oficial para desarticular y reconstruir al Poder Judicial Federal, sustituyendo a los juzgadores por otros que sean elegidos popularmente, o ratificando a los actuales, si éstos se presentan a la elección y la ganan. Y en referencia a la reforma constitucional que impide interponer recursos de inconstitucionalidad y amparos contra cambios constitucionales, la Presidenta afirma que esa es una práctica normal en todas las democracias constitucionales y no es una novedad en México. Sheinbaum recuerda que hay múltiples documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e instituciones como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que prueban la existencia del concepto de supremacía constitucional desde hace tiempo, además de que no se debe ser abogado para saber que la Constitución es la ley máxima. “Parece como si fuera ofensa la supremacía constitucional, ¿cuál novedad hay en eso? Si es la ley máxima”, afirma. La Presidenta busca así descartar que estos cambios se traten de una venganza contra la Suprema Corte por echar abajo muchas de las iniciativas de la llamada Cuarta Transformación. “Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial”, reitera Sheinbaum constantemente y apela a los millones de votos recibidos por su antecesor en 2018 y por ella este 2024, como un mandato del pueblo de México para ponerle fin al imperio de “la corrupción y los privilegios y construir un nuevo País” ¿Por qué se cambió la Constitución?, ¿por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios, porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México”. Claudia Sheinbaum Presidenta de México