SIN LOS AUTÓNOMOS MÁS TRABAJO, MENOS RECURSO

Con la desaparición de los 5 órganos autó­nomos y la fusión de dos más en una nue­va entidad, más de cuatro mil trabajadores se encuentran en la incertidumbre sobre su futuro, puesto que el Gobierno y la Cá­mara de Diputados sólo fueron explícitos en que sus salarios, prestaciones y con­diciones laborales estarían garantizadas hasta el último mes de 2024, pero a par­tir de este año, nada se sabe de lo que pa­sará, sobre todo cuando el Presupuesto de Egresos dela Federación aprobado para es­te 2025 por la Cámara de Diputados, recor­tó las partidas para los organismos extin­tos y no especificó la manera en que éstas se usarán, una vez concretado su pase a las dependencias del Poder Ejecutivo, las que tampoco recibieron incrementos presu­puestales que les permitan recibir a más trabajadores.

Aunque la reforma constitucional que eliminó a los organismos establece en sus artículos transitorios que los cuatro mil 285 trabajadores pasarían a las estruc­turas de las dependencias que asumieran sus atribuciones y se respetarían sus de­rechos laborales, nada se sabe aún de las nuevas condiciones de trabajo.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos Persona­les (INAI), del Instituto Federal de Teleco­municaciones (IFT), de la Comisión Fede­ral de Competencia Económica (COFECE), de la Comisión Nacional de Hidrocarbu­ros (CNH), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So­cial (Coneval) y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), tendrán que esperar a que este primer mes de 2025 haya más información concreta, aunque especialistas consideran que será imposible que todos se integren al Poder Ejecutivo o al INEGI, en el caso de los trabajadores del Coneval.

Para dimensionar el asunto, basta citar que para 2025, las asignaciones totales de tres de ellos, INAI, Cofece e IFT, fueron recortadas en dos mil 162 millones de pe­sos en conjunto, aun cuando los últimos dos serán fusionados y sus funciones se mantendrán en un organismo con inde­pendencia técnica y patrimonio propio. Esta reducción es casi lo mismo que se necesitaría para mantener las nóminas de las siete dependencias eliminadas, que en 2024 sumaron tres mil millones de pesos.

Esto confirma las declaraciones del di­putado Ricardo Monreal, líder de la ma­yoría morenista en la Cámara de Diputa­dos, en el sentido de que lo que les queda de presupuesto a estas entidades, será só­

lo para liquidar personal y para continuar lo más básico de sus funciones mientras pasan a sus nuevas adscripciones, sin que se sepa cuántos empleados conservarán el empleo.

La posibilidad de que las secretarías que absorberán sus funciones conserven a la totalidad de los trabajadores es imposible, desde el punto de vista finan­ciero, dado que en el presupues­to para este año tampoco se les amplió sus asignaciones a las dependencias receptoras.

Por ejemplo, a la nueva Secre­taría Anticorrupción se le asigna­ron mil 699 millones de pesos, un recorte de 0.46 % respecto al pre­supuesto que tuvo como Secreta­ría de la Función Pública en 2024, pese a que asumirá las tareas del INAI, cuyo funcionamiento en 2024 requirió mil 168 millones de pesos, la mayoría de ellos, 778 mi­llones, para pagar salarios y pres­taciones de sus 849 trabajadores.

De hecho, para 2025 el INAI había solicitado 993 millones 990 mil 582 pesos. Pero la Cáma­ra de Diputados le quitó 494 mi­llones de pesos para reasignarlos a otras dependencias, dejándole sólo 499 millones 990 mil 582 pesos, que no alcanzan para man­tener la nómina y para continuar sus trabajos operativos, una vez trasladadas sus obligaciones a la Secretaría Anticorrupción.

Queda claro que la Secreta­ría Anticorrupción no contará con los recursos necesarios pa­ra ejercer las atribuciones que ya tenía como Función Públi­ca, más las que se le agreguen en materia de transparencia y protección de datos personales. Tampoco para emplear a quienes dejarán de trabajar en el INAI.

Otros ejemplos que abonan a la incerti­dumbre son los de la CNH y la CRE, cuyas funciones se concentrarán ahora en la Se­cretaría de Energía, a la cual le redujeron su presupuesto de 174 mil 868 millones de pe­sos ejercidos en 2024 a 138 mil 307 millones en 2025. Y así de­berá ejercer las atribuciones que ya tenía, más las regulatorias en materia energética y de hidro­carburos, antes de la CNH y la CRE.

En el presupuesto 2025 la CRE terminó con una asigna­ción de 199.8 millones de pesos, mientras que la CNH ejerce­rá sólo 173.2 millones de pesos. En suma, entre ambas cuentan con apenas 373 millones de pe­sos ya sea para pagar o para li­quidar a los 832 trabajadores que tienen en conjunto. Para actividades operativas no con­tarán con recurso alguno, pues a la CRE le rasuraron 85.6 mi­llones de pesos y a la CNH 74 millones de pesos. Es decir, a la Sener se le agregarán las fun­ciones pero no el presupuesto necesario para ejercerlas.

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Otro caso es el del IFT y la Cofece, que tienen en conjunto mil 876 trabajadores a quienes, durante 2024, les pagaron mil 574 millones de pesos en sala­rios y prestaciones. Para este año, la Cofece había solicitado 687.9 millones de pesos pero los diputados le quitaron 488 mi­llones de pesos, quedándole só­lo 199.9 millones para enfrentar su futuro inmediato, mientras que al IFT, que había solicitado mil 680 millones de pesos para 2025, los diputados le quitaron mil180 mi­llones, quedándole sólo 500 millones para atender su proceso de fusión.

Para cubrir las funciones de éstas será creado un nuevo organismo que las fusio­nará, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero dependerá di­rectamente del gobierno.

Si se suman los presupuestos 2025 de ambas, resulta que contarán sólo con 699.9 millones de pesos, es decir 874.1 millones de pesos menos de lo que usaron durante 2024 tan solo para sus nóminas, sin contar gastos operativos, por lo que la probabili­dad de que estén a salvo las mil 876 plazas laborales de ambas, es nula.

Los trabajadores de los otros dos orga­nismos autónomos extintos, Mejoredu y Coneval, correrán la misma suerte. Incluso, directivos de la primera avisaron del inmi­nente recorte laboral desde noviembre del año pasado, una vez conocida la gran re­ducción a su presupuesto, que pasó de 665 millones de pesos ejercidos en 2024, a 399 millones de este año, lo que, según cálculos internos, implicaría la eliminación en estos primeros días de 2025, de al menos 250 de las alrededor de 600 plazas con las que el organismo funcionaba.

En lo que hace al Coneval, su presu­puesto pasó de 411 millones 266 mil 747 pesos ejercidos en 2024 a 287 millones 886 mil 726 pesos para este año. De ese monto, según el PEF, 105 millones 919 mil 136 pesos se usarán en servicios persona­les y 181 millones 967 mil 590 pesos en gastos de operación, lo que contrasta con los datos duros del pago de nómina de sus 187 trabajadores, que en 2024 requirió 151 millones de pesos .