Corte Suprema de EE. UU. frena temporalmente la deportación de venezolanos detenidos en Texas bajo ley del siglo XVIII
En una decisión sorpresiva y de alto impacto humanitario, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el sábado detener temporalmente la deportación de ciudadanos venezolanos detenidos en el norte de Texas, quienes enfrentaban expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma vigente desde tiempos de guerra en el siglo XVIII.
Mediante una orden breve pero contundente, el máximo tribunal del país prohibió que el gobierno del expresidente Donald Trump prosiga con las expulsiones desde el Centro de Detención Bluebonnet, al menos “hasta nueva orden de esta corte”.
Emergencia jurídica
La decisión llega tras un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que las autoridades migratorias estaban reanudando deportaciones arbitrarias bajo una ley diseñada originalmente para conflictos bélicos con potencias extranjeras, y no para el manejo de crisis migratorias contemporáneas.
Según la ACLU, la ley estaba siendo utilizada para justificar la expulsión de venezolanos sin el debido proceso, argumentando supuestos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, sin pruebas concretas ni derecho a defensa legal.
“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, expresó el abogado Lee Gelernt, representante de la organización, en un comunicado.
Camino legal complejo y peligroso
La Corte Suprema ya había establecido en abril que las deportaciones bajo esta ley solo podrían proceder si los afectados tenían la posibilidad de presentar su caso ante un tribunal y se les otorgaba un plazo razonable para impugnar su expulsión. Sin embargo, la ACLU advirtió que las autoridades no estaban respetando esa disposición.
El viernes, dos jueces federales se negaron a frenar las deportaciones, pese a que uno de ellos reconoció que el caso planteaba preocupaciones constitucionales legítimas. Horas después, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito también rechazó emitir una orden de protección para los detenidos.
Deportaciones a El Salvador bajo lupa
La situación se tornó aún más alarmante cuando se reveló que algunos venezolanos ya habían sido enviados a El Salvador, donde fueron recluidos en la prisión principal del país, una instalación conocida internacionalmente por sus condiciones extremas.
El traslado se realizó sin que los migrantes supieran su destino final ni se les ofreciera la oportunidad de apelar o demostrar que su vida corría peligro.
En paralelo, un juez federal en Massachusetts dictó el viernes una orden permanente que prohíbe al gobierno deportar a migrantes a países distintos al suyo sin notificación previa, y sin garantizar que se les brinde la oportunidad de argumentar que podrían ser víctimas de tortura o ejecución en el lugar de destino.
Aunque la medida de la Corte Suprema es temporal, representa un alivio momentáneo para decenas de venezolanos detenidos, al tiempo que abre un debate constitucional sobre el uso de leyes antiguas para justificar políticas migratorias actuales.
El gobierno, por su parte, se espera que responda de forma inmediata en un nuevo intento por persuadir al alto tribunal de levantar la orden.
La situación sigue siendo crítica, mientras organizaciones de derechos humanos exigen transparencia, debido proceso y garantías mínimas para los migrantes en medio de un entorno legal cada vez más hostil.