Juez ordena a Trump facilitar el regreso de migrante guatemalteco deportado ilegalmente
El migrante identificado como O.C.G. fue expulsado pese a contar con protección humanitaria; la corte falló que su vida corría peligro fuera de EE.UU.
Un juez federal de Massachusetts ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar de manera inmediata el retorno a Estados Unidos de un migrante guatemalteco, identificado por sus iniciales como O.C.G., quien fue deportado recientemente a México pese a contar con una orden judicial previa que le otorgaba protección humanitaria.
El magistrado Brian Murphy concluyó que la deportación de O.C.G. fue una violación judicial, ya que en febrero una corte migratoria le había concedido el “bloqueo de expulsión”, determinando que su regreso a Guatemala o a terceros países pondría en riesgo su vida debido a su orientación sexual. O.C.G. aseguró que, por ser homosexual, enfrenta peligro real de persecución o incluso muerte fuera de EE.UU.
“El gobierno debe tomar todas las medidas necesarias, incluida la coordinación con los abogados del migrante, para facilitar su regreso inmediato al país”, señala la resolución emitida el viernes por la noche.
Un patrón de deportaciones ilegales
Este caso forma parte de una demanda colectiva impulsada por defensores de derechos humanos, que cuestiona la política de deportación expedita adoptada por la actual administración republicana, la cual ha excluido procesos de apelación y ha utilizado leyes de emergencia y guerra para justificar estas expulsiones.
O.C.G. es uno de cuatro demandantes que alegan haber sido expulsados sin el debido proceso, pese a los riesgos documentados de persecución, tortura o muerte.
El juez Murphy es el mismo que recientemente bloqueó la deportación de ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano que iban a ser enviados a Sudán del Sur, en un vuelo que, a pesar del fallo judicial, fue autorizado por el gobierno y enviado a Yibuti, lo que podría representar un caso de desacato judicial.
Casos similares y uso de leyes excepcionales
Otros casos recientes muestran un patrón preocupante de deportaciones que ignoran resoluciones judiciales:
- El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue expulsado en marzo a pesar de contar con un fallo que lo protegía. Aunque el gobierno lo calificó de “error administrativo”, se negó a facilitar su retorno.
- El venezolano Daniel Lozano Camargo, que llegó como menor de edad, fue expulsado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de la Segunda Guerra Mundial que no se había utilizado desde entonces.
La administración Trump argumenta que dicha ley es necesaria ante la supuesta infiltración de bandas criminales transnacionales, como el “Tren de Aragua”, en la cual se acusa sin pruebas judiciales que Lozano Camargo estaría involucrado.
Organizaciones defensoras de migrantes y derechos humanos han denunciado que estas prácticas vulneran el debido proceso y podrían constituir violaciones al derecho internacional, al deportar a personas con estatus protegido y riesgo comprobado de persecución.
Se espera que la orden judicial para el regreso de O.C.G. marque un precedente y refuerce la responsabilidad legal del gobierno federal de respetar las medidas judiciales que buscan proteger la vida e integridad de personas migrantes.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no han emitido comentarios oficiales al respecto.