México rechaza propuesta de impuesto del 5% a remesas de migrantes en EE.UU. por violar tratado fiscal

La reciente propuesta del Congreso de Estados Unidos de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes no ciudadanos, incluidos aquellos con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio, ha generado una firme respuesta del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “inaceptable” e “inconstitucional”, argumentando que contraviene el Tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.
El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Edgar Amador, explicó que los flujos de dinero enviados por migrantes mexicanos a México ya han sido gravados en Estados Unidos. Imponer un impuesto adicional constituiría una doble tributación y una discriminación fiscal, violando el artículo 25 del tratado, que establece que los nacionales de un estado contratante no serán sometidos en el otro estado a impuestos u obligaciones más gravosos que los que están o puedan estar sometidos los nacionales en el estado de origen.
Además, Amador destacó que el 99.1% de las remesas provenientes de Estados Unidos se reciben a través de transferencias electrónicas, un mercado regulado, legal y monitoreado por las autoridades de ambos países.
La presidenta Sheinbaum instó a los mexicanos en Estados Unidos a enviar cartas a sus congresistas expresando su oposición a este impuesto. Asimismo, advirtió que el gobierno mexicano podría emprender otras acciones para visibilizar su desacuerdo con esta política discriminatoria.
La propuesta de este impuesto, aún en discusión en el Congreso estadounidense, tiene como objetivo financiar exenciones fiscales prometidas por el presidente Donald Trump y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza. Se aplicaría a los envíos hechos por migrantes que no cuenten con documentación, mientras que los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.
México, que en 2024 recibió más de 64.745 millones de dólares en remesas, considera estos flujos como vitales para la economía nacional, representando casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno mexicano ha expresado su disposición a dialogar con legisladores estadounidenses para resolver esta disputa y proteger los intereses de los migrantes y sus familias.