El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un debate interno sobre el principio de cosa juzgada en la SCJN, a partir de un caso que busca determinar si es posible revisar juicios que ya cuentan con una resolución firme. El tema generó posiciones encontradas entre los ministros y abrió la puerta a un análisis más profundo sobre los límites del máximo tribunal.
La discusión surgió a partir de un amparo que pretende anular un juicio mercantil ya concluido por presunto fraude procesal. Ante este escenario, cinco ministros del pleno consideraron necesario revisar los criterios que impiden reabrir asuntos con sentencia firme y solicitaron que se elabore un proyecto formal para discutirlo.
La ministra Loretta Ortiz fue encargada de presentar dicho proyecto, que marcará el rumbo del análisis y permitirá definir si deben mantenerse los criterios actuales o si existen supuestos excepcionales que permitan revisar una resolución final.
¿Por qué se analiza de nuevo el principio de cosa juzgada en la SCJN?
El punto central del debate fue el alcance del principio de cosa juzgada en la SCJN, especialmente en situaciones donde se presume fraude procesal. Los ministros que respaldaron la revisión consideraron que, cuando una sentencia deriva de actos fraudulentos, podría existir un argumento razonable para permitir una revisión excepcional.
Entre los ministros que apoyaron esta visión estuvieron el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, así como Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf e Irving Espinosa Betanzo. Para ellos, impedir cualquier revisión en casos donde hubo irregularidades procesales podría convalidar actos ilegales.
El ministro presidente planteó la interrogante de si una sentencia obtenida con fraude puede ser considerada verdaderamente firme. Para este sector del pleno, la Corte debe contar con herramientas que permitan corregir decisiones viciadas.
¿Qué ministros advirtieron riesgos en reabrir casos ya concluidos?
Otro grupo de ministras expresó preocupación por modificar un criterio que ha brindado certeza jurídica durante décadas. Consideraron que flexibilizar el principio podría debilitar la estabilidad institucional y abrir la puerta a revisiones ilimitadas de casos ya resueltos.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos destacaron que la cosa juzgada garantiza que los procesos concluyan de forma definitiva. Ambas señalaron que permitir revisiones posteriores afectaría la seguridad jurídica e introduciría incertidumbre sobre el cierre de los asuntos.
Para este bloque del pleno, reabrir juicios ya concluidos podría sentar un precedente negativo y generar dudas sobre la firmeza de las resoluciones emitidas por los tribunales del país.
¿Qué sigue en el análisis sobre el principio de cosa juzgada en la SCJN?
El pleno acordó que la ministra Loretta Ortiz elabore un proyecto que permita definir si el criterio debe mantenerse o modificarse. Ese documento recogerá las posiciones expresadas en la sesión y establecerá los elementos jurídicos que guiarán la discusión futura.
El debate continuará una vez que el proyecto sea presentado y permitirá a los ministros analizar si el principio de cosa juzgada en la SCJN debe mantenerse sin excepciones o si es necesario incluir mecanismos extraordinarios ante casos de fraude procesal.
El resultado tendrá impacto directo en la estabilidad de los procedimientos judiciales y en la interpretación constitucional sobre la firmeza de las sentencias.
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