Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentarán una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución Política con el objetivo de establecer la prohibición del fracking en México.
La propuesta busca frenar el uso del fracturamiento hidráulico en la extracción de hidrocarburos, especialmente en comunidades indígenas, donde esta práctica ha generado impactos ambientales y sociales.
Iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional
La iniciativa plantea adicionar los párrafos VII y VIII al artículo 27, con lo cual se prohibiría tanto al Estado como a particulares realizar actividades de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante fracking u otros métodos equivalentes.
El proyecto establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, propone dos artículos transitorios: el primero dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo determina que los contratos vigentes no podrán renovarse una vez vencidos.
Argumentos de la prohibición del fracking en México
Los legisladores explicaron que la propuesta responde a una década de demandas de comunidades indígenas y organizaciones civiles que han denunciado los efectos del fracking en el agua, el suelo y la salud pública.
Según los promotores, la prohibición del fracking en México es necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible y proteger los recursos naturales.
Advirtieron que esta técnica de extracción requiere enormes cantidades de agua, lo que afecta el suministro en regiones como la frontera norte. En zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, los recursos hídricos ya presentan niveles críticos de disponibilidad para consumo humano.
Impacto ambiental y escasez de agua
La diputada Olga Juliana Elizondo explicó que el fracking agrava la crisis de agua en zonas donde las reservas son limitadas. Indicó que en la Presa Internacional Falcón, que abastece al Río Bravo, solo queda un 5% de agua disponible para uso doméstico.
Por ello, insistió en que esta práctica representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades rurales.
Otros legisladores de Morena señalaron que la iniciativa busca impulsar una transición hacia energías limpias, afirmando que el fracturamiento hidráulico no es viable ni sostenible para México.
Respaldo de comunidades y organizaciones civiles
El proyecto cuenta con el apoyo de integrantes de comunidades indígenas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes han pedido al Congreso aprobar la reforma.
Argumentan que los daños ambientales provocados por esta técnica afectan directamente los ecosistemas, contaminan el aire y deterioran la calidad del agua.
De aprobarse, la prohibición del fracking en México representaría un paso importante en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por actividades extractivas.
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