Genaro García Luna recibe nueva prórroga para apelar condena por narcotráfico en EE.UU.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito concede hasta septiembre para entregar pruebas; García Luna enfrenta también una sentencia civil por más de 2,500 millones de dólares
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, obtuvo una nueva ampliación de plazo para presentar evidencia que podría influir en la apelación de su condena por narcotráfico, según confirmó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La defensa legal del exfuncionario, encabezada por la abogada Valerie A. Gotlib, tiene ahora hasta el mes de septiembre para entregar el escrito de apelación. Se trata de la segunda prórroga concedida por el tribunal federal, tras una previa en la que se había fijado como límite el 21 de julio de 2025.
Condena y juicio por vínculos con el Cártel de Sinaloa
García Luna fue declarado culpable en enero de 2023 de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante su gestión como funcionario de alto nivel en el gobierno de Felipe Calderón. El juez Brian Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, lo condenó a 38 años y 8 meses de prisión y le impuso una multa de 2 millones de dólares.
Según los fiscales, García Luna aceptó sobornos millonarios a cambio de permitir el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2001 y 2012. Un testigo clave, exmiembro del cártel, afirmó haber entregado al exsecretario maletas con al menos 6 millones de dólares en tres ocasiones.
Multimillonaria demanda civil en su contra
Además del proceso penal, García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, enfrentan una demanda civil en Estados Unidos interpuesta por el Gobierno de México, que logró una sentencia en su contra por más de 2,500 millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al exfuncionario de haber desviado al menos 634 millones de dólares del erario mexicano a través de 30 contratos irregulares vinculados a empresas de seguridad operadas por la familia Weinberg, señalada como presunta prestanombre.
Las autoridades mexicanas aseguraron que dichos fondos fueron transferidos mediante paraísos fiscales y utilizados para la adquisición de bienes en Florida, incluyendo propiedades e inversiones.
García Luna fue una figura clave en la estrategia de seguridad de México durante el sexenio de Calderón y había sido considerado uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Su condena representa un duro golpe a la credibilidad de la política antidrogas mexicana en ese periodo.
Mientras tanto, el proceso de apelación continúa, y la defensa busca revertir la sentencia alegando falta de pruebas concluyentes y cuestionando la credibilidad de los testigos cooperantes, muchos de ellos exintegrantes del crimen organizado.
La resolución definitiva podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad a nivel internacional, particularmente en el ámbito de la cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos.