Los Megaproyectos de gas en Golfo de California están bajo escrutinio internacional por sus posibles impactos ambientales y sociales. Nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que las obras impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación ponen en riesgo a millones de personas, a comunidades indígenas y a ecosistemas clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La alerta se centra en seis proyectos de gas fósil licuado ubicados en una región conocida como el “Acuario del mundo” por su biodiversidad. En su comunicación más reciente, los especialistas enviaron observaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los riesgos que representa la operación actual y futura de estas terminales.
Como documentó Proceso a finales de noviembre, el movimiento “¡Aquí No!” divulgó las comunicaciones de 11 expertos de la ONU dirigidas tanto al gobierno de México como a empresas de Suiza, Alemania y bancos europeos involucrados en la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en el sistema lagunar de Santa María-Ohuira-Topolobampo, en Ahome, Sinaloa.
¿Por qué la ONU cuestiona los megaproyectos en el Golfo de California?
Los especialistas señalaron su preocupación por el impacto de la explotación de combustibles fósiles, entre ellos el Gas Natural Licuado, en el aumento de emisiones contaminantes, la pérdida de biodiversidad y la afectación del derecho humano a un medio ambiente sano. También mencionaron que estos proyectos se ubican cerca de 12 áreas naturales protegidas y 33 sitios Ramsar de alto valor ecológico, donde viven 11 millones de personas, muchas dedicadas a la pesca y el turismo.
La comunicación más reciente, fechada el 2 de septiembre, fue enviada a México, Estados Unidos y Singapur, países de origen de las empresas México Pacific Limited, LGN Alliance, Epcilon LNG, Sempra Infrastructure y GNL Cosalá. Los expertos advirtieron que estas obras podrían convertir a México en el cuarto exportador mundial de gas fósil licuado.
¿Qué denuncian las comunidades y organizaciones locales?
En diciembre del año pasado, 25 personas de comunidades del Golfo de California solicitaron a relatorías de la ONU información completa sobre los proyectos. También pidieron la apertura de una investigación independiente para evaluar los posibles daños a la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana en la región.
A esta solicitud se sumaron expertos en derechos culturales, derecho al desarrollo, salud, pueblos indígenas, agua potable y saneamiento, así como grupos de trabajo sobre empresas trasnacionales y derechos campesinos. Los relatores recordaron que la quema de combustibles fósiles es una de las principales actividades humanas que influyen en la crisis climática.
¿Qué impactos ambientales identifican los expertos internacionales?
Los especialistas analizaron proyectos como Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LGN, GNL Cosalá y los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte. Señalaron que la industria del GNL emite alrededor de 2.3 gigatoneladas de CO₂ al año a nivel mundial.
Solo el proyecto Vista Pacífico podría emitir casi 14 millones de toneladas métricas de CO₂ anuales en su fase tres. A esto se suma el metano liberado durante la cadena de producción, un gas cuyo efecto sobre el calentamiento global es 80 veces mayor al del CO₂.
Los expertos también destacaron que la documentación técnica disponible no revela la ubicación exacta de las obras, lo que impide el acceso a información esencial para las comunidades afectadas.
¿Qué responde el gobierno mexicano sobre los megaproyectos?
La comunicación dirigida al gobierno de Claudia Sheinbaum incluye 11 cuestionamientos. La ONU preguntó cómo México pretende cumplir su compromiso de reducir 30% de las emisiones de metano para 2030, de acuerdo con el Acuerdo de París, y cómo los proyectos se alinean con los lineamientos internacionales firmados por el país.
La respuesta enviada el 31 de octubre de 2025 reconoce el valor ambiental del Golfo de California, pero señala que la Constitución considera al sector de hidrocarburos como estratégico y de seguridad nacional. Por ello, el Estado sostiene que debe garantizar su desarrollo sin restringir el acceso a información ambiental establecida por la ley.
El gobierno aclaró que solo dos proyectos —Terminal Sonora y Gasoducto Sierra Madre— tienen trámites resueltos. Otros cuatro permanecen en evaluación. También informó que únicamente el Gasoducto Sierra Madre y el Corredor Norte están sujetos a consulta indígena. El resto fue descartado bajo el argumento de que no afectan territorios indígenas.
México explicó que algunos promoventes solicitaron que la información sobre ubicación de infraestructura se mantuviera reservada por motivos de propiedad industrial. Agregó que todos los procedimientos cumplen con la Ley General del Equilibrio Ecológico y con las obligaciones del país en materia ambiental.
Al cierre de las comunicaciones, solo México respondió formalmente a los requerimientos de la ONU.
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