Sheinbaum confirma que extradición de García Luna y su esposa “es parte de los procedimientos”; México insiste en su devolución
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que la solicitud de extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, forma parte de los procedimientos legales internacionales vigentes entre México y Estados Unidos, y recordó que no es la primera vez que el gobierno mexicano realiza dicha petición.
“Ya se había pedido, no es la primera vez y son parte de los procedimientos que existen”, afirmó la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El Gobierno de México reiteró formalmente la solicitud de extradición de García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos tras haber sido declarado culpable por un jurado en Nueva York en febrero de 2023 por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. La solicitud también incluye a su esposa, contra quien se abrieron investigaciones por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.
México exige devolución de bienes y reparación del daño
Además de la solicitud de extradición, el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una moción ante una corte judicial de Florida en la que exige la devolución definitiva de bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita, así como la reparación del daño al erario público.
Los abogados que representan al Estado mexicano argumentan que tanto García Luna como Pereyra habrían usado una red de empresas fantasma y contratos inflados para desviar fondos públicos durante su gestión como funcionario federal. Las autoridades estiman que el monto del daño causado supera los mil millones de pesos.
Una figura clave del sexenio calderonista
García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), es uno de los exfuncionarios más polémicos y señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa. Su caso ha sido emblemático de los abusos de poder y la corrupción en el más alto nivel de las instituciones de seguridad del país.
El gobierno de Sheinbaum ha insistido en la importancia de esclarecer completamente este caso, no solo en términos penales, sino también como un acto de justicia histórica y recuperación del patrimonio público.