Denuncian incoherencias con la transparencia en los partidos políticos
En un contexto donde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se enfrenta a posibles cambios significativos, los partidos políticos, incluidos aquellos que defienden públicamente la transparencia, mantienen prácticas poco claras en la rendición de cuentas.
El pasado 4 de noviembre, EL UNIVERSAL solicitó información básica a los seis partidos nacionales —Morena, PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC)—, cumpliendo con la Ley de Transparencia. Los datos requeridos incluían salarios, prestaciones y beneficios de sus dirigencias nacionales vigentes a noviembre de 2024. Sin embargo, la respuesta de los partidos evidenció poca disposición para cumplir con estas solicitudes.
Morena y el PVEM optaron por pedir una ampliación del plazo para responder, aunque este venció el 17 de diciembre sin resultados claros. Por su parte, el PAN y el PRI aseguraron que la información estaba disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero los datos encontrados no estaban actualizados. Mientras tanto, el PT y MC argumentaron que sus dirigencias nacionales no perciben salarios ni beneficios económicos por sus funciones.
En el caso de Morena, los datos más recientes muestran a Mario Delgado con un sueldo mensual de 69,187 pesos, pero no se proporcionó información actualizada sobre su actual presidenta, Luisa María Alcalde, ni su secretaria general, Carolina Rangel. El PVEM, bajo la presidencia de Karen Castrejón, reportó ingresos de “$0.00” para sus principales dirigentes, sin detallar prestaciones adicionales como aguinaldos o primas vacacionales.
El PT, liderado por Alberto Anaya, señaló que su estructura operativa es colegiada y que ninguno de sus integrantes percibe salarios ni beneficios laborales. Movimiento Ciudadano, por su parte, indicó que los miembros de su Comisión Operativa Nacional desempeñan funciones honoríficas, por lo que no reciben remuneración ni prestaciones.
Estas respuestas, aunque diversas, reflejan una tendencia común: la falta de transparencia y la actualización de información que debería ser pública, complicando el acceso ciudadano a datos esenciales sobre la administración de los recursos de los partidos.