El gobierno federal ha anunciado la suspensión de plazos en diversos trámites relacionados con la transparencia, incluyendo los recursos de revisión e inconformidad, así como las denuncias por el incumplimiento de las autoridades en la entrega de información. Esta medida se implementa tras la asunción de funciones del nuevo órgano administrativo desconcentrado, denominado Transparencia para el Pueblo, que reemplazó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La suspensión, que afecta principalmente los procedimientos legales que la ciudadanía utiliza para exigir a las autoridades la entrega de información en caso de respuestas ambiguas o negativas, estará vigente hasta el 3 de junio de 2025. Durante este período, no se procesarán los recursos de revisión sobre resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo (incluyendo la Presidencia de la República), así como las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ejecutivo.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida también se extenderá a los recursos de inconformidad respecto a las resoluciones de órganos y autoridades garantes en transparencia de los estados del país. Esta suspensión de plazos forma parte de un proceso de “transición” hacia la implementación de la nueva estructura organizativa y legal en materia de acceso a la información, definida por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.
Una de las principales implicaciones de este cambio es que, a partir del 19 de junio de 2025, las autoridades garantes federales, como las contralorías internas y los órganos internos de control, serán las responsables de resolver los recursos de impugnación que antes correspondían al INAI. En el caso de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) se hará cargo de resolver estos recursos.
Aunque los plazos de ciertos trámites están suspendidos, el gobierno dejó claro que las solicitudes de acceso a la información presentadas por los ciudadanos seguirán siendo recibidas y atendidas, y que las entidades obligadas continuarán con la publicación y actualización de la información relacionada con sus obligaciones en materia de transparencia.
Por último, la suspensión también afectará a los recursos de impugnación en materia de protección de datos personales que se tramiten ante la Secretaría Anticorrupción, que ahora está encargada de estos procedimientos.