Reforma del Infonavit: Octavio Romero destaca cambios clave impulsados por el Poder Ejecutivo
En el marco de una propuesta de reforma impulsada por el Gobierno Federal para fortalecer y transparentar la operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, Director General del organismo, destacó una serie de medidas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna para millones de trabajadores del país.
Durante su intervención, Romero explicó que, desde su fundación en 1972, el Infonavit cumplió con su misión de otorgar créditos accesibles. Sin embargo, entre 1987 y el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementaron esquemas financieros que derivaron en créditos impagables, lo que afectó a más de 4 millones de derechohabientes.
El actual gobierno y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan revertir estas problemáticas con una serie de acciones específicas. Romero detalló que la propuesta de reforma equiparará el esquema de gobernanza del Infonavit con el del IMSS, asegurando un modelo tripartito, transparente y eficiente. Se contempla que el Director General sea parte del Consejo de Administración y de la Asamblea General, permitiendo mayor control y responsabilidad en la toma de decisiones.
Adicionalmente, se eliminarán las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios, las cuales, sin tener funciones sustantivas, representaban un costo considerable para el instituto. “Con esta reforma, buscamos terminar con prácticas que diluyen responsabilidades y permiten actos de corrupción”, enfatizó Romero.
Otro de los puntos centrales de esta iniciativa es la creación de una constructora propia del Infonavit que se dedicará a desarrollar viviendas accesibles para los trabajadores de menores ingresos. Esta medida beneficiará a más de 7 millones de derechohabientes que actualmente no encuentran opciones de vivienda acorde a sus capacidades económicas en el mercado.
Con estas reformas, el Ejecutivo Federal reafirma su compromiso con el bienestar social, promoviendo el acceso justo y equitativo a una vivienda digna y eliminando prácticas que por décadas afectaron a millones de trabajadores mexicanos.