Atrae SCJN el caso Xcaret tras un litigio que enfrenta al Gran Consejo Maya de Quintana Roo con una de las empresas turísticas más poderosas del sureste, en torno al uso comercial de ceremonias, iconografía y festividades ancestrales como productos turísticos. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará a fondo si la explotación de este patrimonio puede hacerse sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que lo han resguardado por generaciones.
El conflicto que salió de los escenarios
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando el Gran Consejo Maya denunció ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) el uso no autorizado de lengua, iconografía, juego de pelota, Hanal Pixán y otras manifestaciones rituales en espectáculos, hoteles y plataformas digitales de Grupo Xcaret. La queja cuestiona que estos elementos se empaquen como “experiencias” sin una negociación justa ni beneficios claros para las comunidades que sostienen esa memoria viva.
Indautor abrió el expediente DPVDA/PIAPPC/003/2022 y dictó medidas para que la empresa se abstuviera de seguir usando esos elementos mientras se resolvía el procedimiento, apoyándose en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta legislación reconoce la titularidad colectiva de los pueblos sobre su patrimonio cultural y faculta al Estado para sancionar usos y explotaciones sin consentimiento.
La batalla jurídica y el freno a las medidas
La historia dio un giro cuando, a finales de 2024, Indautor inspeccionó el Parque Xcarte y concluyó que la empresa no había acatado por completo la orden de no utilizar símbolos mayas, por lo que ratificó la prohibición. El organismo ha advertido que este expediente es una prueba de fuego para el nuevo andamiaje de protección del patrimonio frente a corporativos turísticos de alcance internacional.
Grupo Xcaret respondió por la vía del amparo ante un juzgado federal en Ciudad de México y obtuvo una suspensión definitiva que le permitió seguir utilizando los elementos en disputa mientras se revisa el fondo del asunto. Esa suspensión, concedida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, opera hoy como escudo jurídico y es precisamente la resolución cuya validez deberá revisar la Corte.
La dimensión política y el rol de la Corte
El punto de inflexión llegó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que revisaría la situación jurídica de la empresa, tras escuchar las denuncias de apropiación cultural y el reclamo creciente de representantes mayas. A partir de ese contexto, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó ejercer la facultad de atracción para que el máximo tribunal analizara el expediente y la suspensión que mantiene a salvo a la compañía.
En sesión del Pleno, la mayoría de ministras y ministros votó por atraer el caso, con solo un voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien cuestionó la pertinencia de que la SCJN interviniera en esta etapa procesal. Durante la discusión, la ministra Lenia Batres insistió en que no se trata de un litigio meramente mercantil, sino de un caso que toca derechos de pueblos indígenas, protección del patrimonio cultural y los límites del modelo turístico basado en símbolos identitarios.
Lo que se juega para comunidades y empresa
En el terreno comunitario, el Gran Consejo Maya y las organizaciones que lo acompañan señalan que el resultado marcará si la ley de patrimonio cultural es solo una promesa en papel o una herramienta capaz de equilibrar la cancha frente a las grandes marcas del turismo. Reclaman no solo respeto y reconocimiento, sino participación efectiva en la definición de qué puede convertirse en producto turístico y bajo qué reglas de beneficio compartido.
Para la empresa, el litigio llega en un momento en que ya se consolidó como uno de los mayores empleadores de Cancún y la Riviera Maya, con parques, hoteles, tours y experiencias alrededor de la narrativa de la “cultura maya”. Xcaret ha difundido posicionamientos en los que asegura actuar conforme a derecho, impulsar la difusión de las tradiciones y mantener mesas de diálogo con el Gran Consejo Maya, aunque para las comunidades esos gestos todavía no alcanzan el nivel de reparación y corresponsabilidad que exigen.
Un precedente para el turismo cultural en México
Más allá de las partes, el desenlace puede convertirse en una referencia obligada para otros destinos que utilizan imágenes, danzas y ceremonias indígenas como atractivo turístico sin procesos transparentes de consulta, consentimiento y compensación. Un fallo que fortalezca el alcance de la ley de patrimonio cultural obligaría a empresas turísticas, productoras audiovisuales y marcas de moda a rediseñar sus esquemas de autorización y reparto de beneficios con los pueblos originarios.
Si la suspensión en favor de Xcaret permanece intacta, organizaciones indígenas temen que se envíe un mensaje de continuidad: cada caso se peleará por separado, con comunidades en desventaja frente a corporativos con poder económico y jurídico. La decisión de la Corte será, en los hechos, un termómetro de hasta dónde está dispuesto el Estado mexicano a respaldar con resoluciones concretas el discurso de defensa de las culturas originarias.
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