El Comité de Evaluación del Poder Judicial del país ha anunciado que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante lo que considera un conflicto de competencias entre dos órganos jurisdiccionales distintos. La decisión responde a una orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó la reanudación del proceso de selección de candidatos para la elección judicial, contradiciendo una suspensión otorgada por un juez de Michoacán.
De acuerdo con lo informado por la magistrada María Emilia Molina, miembro del Comité, el conflicto surgió debido a las resoluciones contradictorias de dos instancias judiciales: una que suspendió el proceso electoral a través de un amparo y otra que, por medio de un fallo electoral, instruyó reanudarlo. La magistrada señaló que ambas resoluciones son válidas y están vigentes, pero, dadas sus contradicciones, el Comité considera necesario que la Suprema Corte intervenga para dirimir esta controversia de competencias y clarificar cuál de las dos órdenes debe ser acatada.
Molina explicó que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en situaciones como esta, la Suprema Corte tiene la facultad de resolver el conflicto entre las autoridades judiciales involucradas. En sus declaraciones, añadió que el Comité de Evaluación considera esencial que se defina quién tiene la autoridad para tomar decisiones sobre la reanudación del proceso de selección de candidatos.
Por su parte, el Tribunal Electoral, en una resolución emitida el 22 de enero de 2025, revocó los acuerdos de los días 7 y 9 de enero de 2025 del Comité, que suspendieron el proceso de selección de candidatos. El TEPJF determinó que no se puede frenar un proceso electoral y que se deben acatar las disposiciones legales en tiempo y forma, lo cual generó la orden de reactivar el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, subrayó que ninguna autoridad tiene la facultad de impedir que los mandatos de la ley suprema se cumplan en el plazo establecido.
El Comité de Evaluación, por tanto, se encuentra en una situación de incertidumbre, a la espera de la intervención de la Suprema Corte, la cual deberá determinar si el proceso electoral debe reanudarse o si, por el contrario, debe acatarse la suspensión judicial previamente otorgada.