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“Conflicto Judicial: TEPJF propone que el Senado asuma la selección de candidatos para jueces ante bloqueo del Comité del PJF”

“Conflicto Judicial: TEPJF propone que el Senado asuma la selección de candidatos para jueces ante bloqueo del Comité del PJF”

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Ante la falta de avance en el proceso de selección de los candidatos para las elecciones judiciales del próximo 1º de junio, y después de la negativa del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) para reanudar dicha selección, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, ha propuesto una medida decisiva: retirar al Comité de Evaluación la facultad de designar a los candidatos y delegar esta responsabilidad a la Mesa Directiva del Senado. Según su planteamiento, el Senado realizaría este proceso de selección por medio de insaculación pública, es decir, mediante un sorteo público entre los aspirantes que hayan sido considerados en el “listado depurado” por el Comité.

En un proyecto de resolución presentado el domingo 26 de enero, Soto argumentó que ya no existe tiempo suficiente para que el Comité de Evaluación complete el proceso de selección antes del 31 de enero, fecha límite que había sido estipulada. Por lo tanto, la presidenta del TEPJF consideró que resulta “válido” que la Mesa Directiva del Senado implemente el procedimiento de insaculación pública entre los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos por el comité. En caso de que esta propuesta sea aprobada en una sesión de la Sala Superior del TEPJF, lo cual se prevé, la Mesa Directiva del Senado tendría un plazo de 24 horas para organizar el proceso, especificando las áreas y los funcionarios encargados de llevarlo a cabo, así como la fecha, hora y lugar de la insaculación pública.

Esta propuesta marca un giro importante en la lucha por el control de la elección judicial en el país, un proceso que se ha visto empañado por la controversia generada por la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La disputa se intensificó a raíz de los fallos contradictorios entre el Comité de Evaluación y el TEPJF. En primer lugar, el Comité de Evaluación suspendió el proceso de selección tras las órdenes de jueces federales, lo que llevó a una contrarreacción del TEPJF, que ordenó la reanudación inmediata del proceso bajo amenaza de sanciones.

Por otro lado, los jueces de amparo argumentaron que el TEPJF no tiene facultades para revocar las resoluciones emitidas por los tribunales inferiores, mientras que el TEPJF sostiene que es la única autoridad competente en la selección de jueces, considerando que las resoluciones de los jueces federales no tienen efecto sobre el proceso. El Comité de Evaluación, enfrentando la contradicción entre ambas órdenes, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que emitió una medida cautelar para mantener suspendido el proceso.

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La situación generó una serie de tensiones políticas, especialmente entre la presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, y otros miembros de Morena, quienes acusaron al Comité de Evaluación de desacatar la orden del TEPJF, interpretándolo como un intento de obstaculizar el proceso electoral. Para el TEPJF, este desacato a la orden judicial representaba una amenaza al orden jurídico establecido por la reforma constitucional en relación con el Poder Judicial de la Federación.

El contraataque por parte de la presidenta Soto llega a través de su propuesta, que también valida el interés del Senado de la República, mayoritariamente controlado por Morena, para involucrarse en la elección judicial. En el proyecto, Soto hace hincapié en que el Comité de Evaluación del PJF “reincidió en incumplir con el fallo” del TEPJF, lo que, en su opinión, pone en riesgo el orden jurídico establecido por la reforma judicial y podría desencadenar una serie de consecuencias “inaceptables”. De esta forma, la magistrada Soto reafirma el papel fundamental del TEPJF como la autoridad máxima en esta elección, argumentando que permitir que no se cumpla su orden pondría en peligro la integridad del sistema judicial electoral y las atribuciones exclusivas que la Ley Fundamental otorga al Tribunal.

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