Impacto de renuncias en el Poder Judicial de México
Entre el 9 y el 16 de diciembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) registró 53 magistraturas que fueron ocupadas por sus secretarios tras una ola de renuncias de magistrados federales. Este fenómeno ha dejado vacante una cuarta parte de las magistraturas, un hecho que podría influir en la dinámica de las elecciones judiciales previstas para el próximo año.
Según el periódico Reforma, el 12 de octubre, durante el sorteo realizado por el Senado de la República, se identificaron 139 plazas vacantes, 114 correspondientes a Magistrados de Circuito y 25 a jueces de distrito. Sin embargo, para diciembre, el número de vacantes ascendió a 250, principalmente debido a jubilaciones derivadas de cambios en los requisitos de pensión aprobados por el CJF en septiembre. Estos cambios eliminaron el requisito de edad mínima de 65 años, permitiendo el retiro con pensiones complementarias para quienes cumplieran 25 años de servicio.
Actualmente, 40 de los 309 Tribunales Colegiados de Circuito operan con un solo magistrado titular y dos secretarios en funciones de magistrados. Este escenario plantea retos significativos, ya que, según la Constitución, todas las vacantes deben ser cubiertas antes de 2025. Sin embargo, solo es posible elegir la mitad de los 1,700 cargos mediante los próximos comicios, lo que podría dejar ciertos puestos ocupados por secretarios hasta 2027, cuando se celebren las siguientes elecciones judiciales.
En el Estado de México, cinco magistrados renunciaron el 19 de diciembre tras rechazar participar en las elecciones de 2025. Estos son Ana Rosa Miranda Nava, Patricia Lucía Martínez Esparza, Everardo Shín Salgado, José Noé Gomora Colín y José Salim Modesto Sánchez Jalili. Estas renuncias recuerdan un evento similar ocurrido el 30 de octubre, cuando ministros de la Suprema Corte, entre ellos Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentaron su renuncia, marcando un cambio significativo en el panorama judicial del país.
La situación actual subraya la necesidad de revisar los mecanismos de elección y jubilación en el Poder Judicial, para garantizar la estabilidad y continuidad en la impartición de justicia en México.