Jueces solicitan al INE revisar recortes presupuestales para elecciones extraordinarias
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido una solicitud de intervención por parte de jueces preocupados por el recorte presupuestal que podría afectar la organización de las elecciones extraordinarias 2024-2025. Este proceso será determinante para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), un evento clave para preservar la independencia y calidad del sistema judicial mexicano.
Los jueces han señalado la necesidad de revisar todos los recursos destinados a este ejercicio electoral. En su solicitud, enfatizaron que cualquier reducción en la calidad o eficiencia del proceso comprometería los derechos político-electorales de la ciudadanía, además de poner en riesgo la independencia del PJF. Entre las preocupaciones planteadas se encuentra la posible disminución en el número de supervisores y capacitadores electorales, así como una reducción en la accesibilidad y seguridad de los centros de votación, lo que afectaría especialmente a personas con discapacidad.
El origen de esta preocupación se encuentra en el acuerdo INE/CG2321/2024, que estimaba un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos para las elecciones judiciales. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos 2025, aprobado por la Cámara de Diputados, eliminó 13 mil 476 millones de pesos del presupuesto solicitado por el INE, generando un déficit que afecta directamente los recursos necesarios para la organización de este proceso.
El impacto de este recorte ha sido advertido por algunos integrantes del Consejo General del INE, quienes han señalado que las limitaciones presupuestales podrían llevar a la reducción de casillas electorales y a un debilitamiento general en la organización del proceso. Los jueces recalcaron que un fracaso en esta elección no solo afectaría al sistema judicial, sino que también erosionaría la confianza ciudadana en las instituciones.
Ante estos retos, los juzgadores han instado al INE a agotar todas las alternativas legales para garantizar un presupuesto suficiente que permita la realización de las elecciones con los estándares necesarios. La petición refleja la importancia de mantener procesos electorales que respeten la calidad, accesibilidad y seguridad, asegurando el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.