Con los informes anuales de las dos salas y de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluye sus labores de 2024. Este ha sido uno de los años más complejos y polémicos en su historia reciente, marcado por la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre.
Entre los asuntos pendientes, los ministros dejaron más de 30 impugnaciones contra diversos temas, como la enmienda constitucional en materia judicial, la reforma de 2020 que extinguió 109 fideicomisos, los cambios relacionados con la austeridad republicana y los topes salariales para altos funcionarios, además de normas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.
La primera sesión del pleno en 2025, programada para el 7 de enero, incluirá la revisión de algunos de estos recursos. Entre ellos destaca un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa para determinar si fue constitucional la “Declaratoria formal de suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación”. También se debatirán acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales relacionadas con el decreto de 2020 que extinguió fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales, el de Cambio Climático y el de Atención a Víctimas.
Otros temas relevantes incluyen recursos contra leyes federales y locales en materia de austeridad y remuneraciones, así como un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que analiza la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación, conocida como parte del “Plan B” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán presentaron los informes anuales de las salas primera y segunda, respectivamente. Para mañana está previsto el segundo informe de labores de la ministra presidenta Norma Piña, mientras que el miércoles la primera sala elegirá a su nuevo presidente o presidenta, en una sesión solemne.