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La SCJN y el CJF han expresado su preocupación ante el Proyecto de Presupuesto para 2025

La SCJN y el CJF han expresado su preocupación ante el Proyecto de Presupuesto para 2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han expresado su preocupación ante el Proyecto de Presupuesto para 2025 que se analiza en la Cámara de Diputados. Este plantea una reducción significativa en los recursos asignados, lo cual podría comprometer la operación de juzgados, tribunales y la implementación de reformas clave en el ámbito judicial.

En el proyecto se propone una reducción de 714.4 millones de pesos para la SCJN, equivalente al 12.06% menos de lo solicitado, y de 13,117.2 millones de pesos para el CJF, lo que representa una disminución del 17.45%. Cabe destacar que 8 de cada 10 pesos del presupuesto solicitado corresponden al capítulo 1000, destinado principalmente a sueldos, salarios y prestaciones del personal.

La SCJN advierte que esta reducción podría implicar ajustes significativos en su estructura laboral, incluyendo la eliminación de plazas y modificaciones a las condiciones laborales actuales. En el caso del CJF, el impacto sería aún más grave, con el posible cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, afectando directamente el acceso a la justicia de las y los ciudadanos.

Además, este recorte presupuestal pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Decreto de Reforma al Poder Judicial emitido en septiembre, donde se garantiza el respeto pleno a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.

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La afectación no se limita a los derechos laborales, sino que también amenaza la implementación de reformas constitucionales en materia laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos, así como la creación de instancias clave como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

La SCJN y el CJF han subrayado la necesidad de preservar los recursos indispensables para asegurar la continuidad operativa del sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia como un derecho fundamental para toda la población.

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