Comisión de la Cámara de Diputados Aprueba la Ley de Ingresos y Reforma a la Ley Federal de Derechos 2025
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez (Morena), avaló el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, con 22 votos a favor, 10 en contra y sin abstenciones. El documento proyecta ingresos totales de 9 billones 302 mil 15.8 millones de pesos (mdp), con una recaudación federal participable estimada en 4 billones 892 mil 179.6 mdp.
Entre los conceptos destacados, los impuestos representarán 5 billones 297 mil 812.9 mdp, mientras que los ingresos derivados de financiamientos alcanzarán 1 billón 246 mil 366.5 mdp. La discusión del paquete económico se trasladará al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación definitiva.
Posturas sobre la Ley de Ingresos
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) enfatizó los incrementos en educación, salud, y programas sociales, destacando también avances en la digitalización tributaria. Por su parte, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) expresó preocupación por metas económicas poco realistas, subrayando problemas en Pemex y la cotización del dólar.
Otros legisladores, como la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM), destacaron que no habrá nuevos impuestos, aunque se busca reducir la evasión fiscal. Sin embargo, voces como las del diputado Yerico Abramo Masso (PRI) alertaron sobre una distribución desfavorable de los ingresos petroleros.
Cambios en la Ley Federal de Derechos
El dictamen propone ajustes en cuotas relacionadas con servicios públicos y bienes nacionales. Entre los cambios, se actualizan las tarifas para el acceso a Áreas Naturales Protegidas y se exentan pagos en telecomunicaciones para actividades de protección civil y comunidades afromexicanas.
El diputado José Narro Céspedes (Morena) sugirió incrementar el impuesto minero para fortalecer programas educativos. En contraste, la diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) expresó inquietud por la priorización de recursos hacia proyectos que no benefician directamente a la ciudadanía.
Con estas reformas, se busca fortalecer sectores estratégicos como minería, telecomunicaciones, y medio ambiente, equilibrando ingresos fiscales con las necesidades nacionales.