Falta de paridad en inscripciones al proceso judicial: solo 35% de las aspirantes son mujeres
Ciudad de México. En el marco de la reciente convocatoria para integrar el Poder Judicial, las cifras preliminares revelan una preocupante disparidad de género entre los aspirantes. De acuerdo con Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación, solo el 35% de las personas inscritas son mujeres, lo que pone en evidencia los desafíos pendientes para alcanzar la equidad en este proceso.
Al cierre de la convocatoria el pasado 24 de noviembre, se recibieron 11,904 registros de forma presencial y otros 15,242 a través de correo electrónico. Estas cifras suman un total de 27,146 aspirantes, lo que implica que aproximadamente 9,501 mujeres participaron en el proceso, frente a 17,645 hombres.
“Hasta ahorita te puedo hablar de una tendencia 65-35 por ciento (hombres-mujeres). Esperemos que, con la cifra que estamos consolidando de los correos que recibimos, ese número aumente. Porque además es un principio de la paridad, tendríamos que establecer paridad en los participantes”, señaló García Repper en entrevista con medios de comunicación.
Paridad obligatoria en las listas finales
El funcionario recordó que, gracias a la reciente reforma en materia de equidad de género, la paridad deberá reflejarse en las listas finales de seleccionados, independientemente de la proporción inicial de registros. Sin embargo, la marcada diferencia en las cifras actuales evidencia la necesidad de promover una mayor participación de las mujeres en este tipo de procesos.
El principio de paridad de género busca garantizar que las mujeres tengan una representación equitativa en los espacios de poder y toma de decisiones, como el Poder Judicial. Sin embargo, esta meta sigue enfrentando obstáculos en el camino hacia su plena implementación.
El Comité de Evaluación continuará consolidando los datos de las inscripciones, esperando un incremento en la representación femenina conforme avanza el análisis de los registros. Por ahora, el reto es claro: garantizar que la inclusión de las mujeres no sea únicamente un mandato legal, sino una realidad tangible en todos los niveles.