Ramírez Cuéllar perfila reforma electoral en San Lázaro
Ramírez Cuéllar perfila reforma electoral desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con un trazo que toca nervios sensibles del sistema político mexicano. Desde esa posición, Alfonso Ramírez Cuéllar se ha colocado como vocero de los cambios que el bloque gobernante quiere empujar en las reglas del juego electoral y en el control del uso de los recursos públicos. Sus intervenciones dibujan una ruta que busca abaratar la democracia, cerrar el paso al dinero criminal y mover el equilibrio dentro del Congreso.
Listas abiertas y representación en disputa
En el centro de la discusión aparece la idea de modificar la representación proporcional mediante un sistema de listas abiertas para la Cámara de Diputados. Bajo este modelo, las y los candidatos plurinominales tendrían que salir a campaña, aparecer en territorio, presentarse ante el electorado y ganar su lugar con votos directos, en lugar de depender de listas cerradas armadas por cúpulas partidistas. Ramírez Cuéllar perfila reforma electoral que mantiene la pluralidad, pero intenta atar cada escaño de representación proporcional a una decisión visible de la ciudadanía. El mensaje que lanza es que la diversidad del Congreso debe sostenerse, pero sin candidatos escondidos detrás de acuerdos internos.
Dinero público bajo presión
El segundo bloque de cambios cae sobre el financiamiento público de los partidos. El legislador propone recortar de manera fuerte los recursos que reciben para su operación diaria y concentrar el apoyo del erario en tiempos de campaña, mientras el resto del gasto se cubriría con aportaciones de la militancia. Ese giro se combina con una reducción en el costo de la organización electoral y de las campañas, bajo la consigna de que “con menos dinero puede funcionar nuestro sistema electoral” siempre que se sostenga su profesionalismo y su independencia. Alfonso Ramírez Cuéllar insiste en que recortar recursos no debe romper la estructura que garantiza elecciones confiables, sino apretar el cinturón a una política acostumbrada a gastar más de lo que la gente tolera.
En paralelo, la reforma busca que las campañas se alejen de presupuestos desbordados y estrategias centradas en el gasto, y se acerquen a recorridos más medidos, donde el contacto con la gente pese más que la publicidad. Esa ruta, si avanza, cambiaría también la forma en que se organizan internamente los partidos.
Fiscalización dura y combate a redes de complicidad
El tercer pilar que levanta Ramírez Cuéllar mira a la fiscalización y al combate al dinero ilícito. El diputado habla de una “cirugía de caballo” en las auditorías y controles, con el objetivo de impedir que recursos de origen criminal entren a campañas, sobre todo en el nivel local y regional. La reforma se engancha con un paquete anticorrupción que incluye reacomodos en la Auditoría Superior de la Federación y en los órganos internos de control, para que los impuestos terminen en obra pública y no en bolsas privadas.
En ese contexto, el legislador rechaza la reelección de titulares de órganos de control, porque la permanencia prolongada abre la puerta a redes de complicidad que terminan por doblar a las instituciones. También empuja la idea de posponer la elección de jueces y magistrados, reducir el número de nombres en las boletas y reforzar el papel de la Escuela Nacional Judicial para que el sistema de justicia no quede atrapado en la lógica de la competencia electoral.
Alianzas, tensiones y ruta legislativa
Mientras el proyecto se cocina, las conversaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) marcan el tono de las negociaciones internas del bloque gobernante. Ramírez Cuéllar confía en que, pese a las diferencias, habrá una mayoría calificada para empujar los cambios constitucionales que exige la reforma. La apuesta es construir un sistema con campañas menos costosas, reglas claras de representación para todas las corrientes y controles robustos contra la corrupción en los tres niveles de gobierno.
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