En los valles maiceros de Hidalgo, Sinaloa o Guanajuato, el relato se repite: producir un kilo de maíz cuesta alrededor de 6 pesos, pero la industria y los intermediarios ofrecen precios que dejan a los campesinos en números rojos, llevando a los pequeños productores a endeudarse, vender maquinaria o migrar a otros oficios antes que cubrir un mercado que ya no paga. El agro de rodillas ante grupos empresariales.
mientras tanto, la política pública llega tarde y a cuentagotas: programas de apoyo acotados, compras gubernamentales limitadas y precios de garantía que no alcanzan la cifra exigida por las organizaciones rurales. El contraste es evidente cuando se compara la fragilidad financiera de los ejidos con la capacidad de las grandes firmas para operar bodegas, manejar inventarios y esperar el momento exacto para comprar barato.
Un mercado concentrado en pocas empresas
Organizaciones como la UFIC y el CAP acusan que cinco empresarios concentran el control de la comercialización del maíz y, con ello, la capacidad de fijar los precios que se pagan en el campo. Ese poder de mercado se alimenta de redes de acopio, acceso a crédito y vínculos con la cadena industrial, mientras cientos de miles de productores quedan atomizados y sin margen para negociar.
En el segmento de harina de maíz para tortilla, los diagnósticos oficiales y académicos señalan un escenario de alta concentración, donde Gruma domina amplias porciones del mercado y tienen espacio para influir en los precios finales. En los hechos, el agro de rodillas ante grupos empresariales es la situación de una cadena donde el valor se queda arriba, en las corporaciones, y el riesgo se queda abajo, en las parcelas.
Importaciones récord y presión a la baja
La otra cara de la crisis está en las fronteras y en los puertos: México se ha convertido en uno de los mayores importadores de maíz del mundo, con volúmenes históricos que superan las decenas de millones de toneladas al año. Buena parte de ese grano llega subsidiado desde Estados Unidos y otros países, presionando a la baja los precios internos y desplazando la producción nacional, sobre todo de pequeños y medianos agricultores.
Las principales beneficiarias de este flujo son grandes comercializadoras y trasnacionales que manejan contratos de importación, almacenamiento y distribución a gran escala. Para las comunidades rurales, el resultado es un “mercado amañado” donde las cotizaciones se mueven más por las referencias externas y por el poder de compra de las corporaciones que por los costos reales de sembrar en territorio mexicano.
Protestas, bloqueos y criminalización
Ante la sensación de que las mesas de negociación no alcanzan, las carreteras se han vuelto el nuevo espacio de resistencia: productores han organizado bloqueos en tramos federales, accesos a aeropuertos y oficinas públicas para exigir precios justos. Las consignas se repiten: ningún costo de producción se paga con discursos, y ningún crédito se cubre con promesas de revisión futura.
En algunos estados, los líderes campesinos denuncian la emisión de órdenes de aprehensión contra quienes encabezaron movilizaciones, lo que leen como un intento de criminalizar el descontento mientras los industriales mantienen su postura de no mejorar las ofertas de compra. La narrativa oficial apela al orden y la gobernabilidad; la rural recuerda que, sin presión social, el maíz seguiría cotizándose lejos de lo que cuesta sacarlo de la tierra.
El papel de GRUMA y Cargill
El poder de fuego de las grandes empresas se nota en cada eslabón de la cadena, desde la semilla hasta la tortilla. En el mercado de harina, las resoluciones de la autoridad de competencia han señalado que Gruma concentra una parte sustancial de la producción y cuenta con margen para fijar condiciones en regiones donde tiene poca o nula competencia efectiva.
En paralelo, firmas trasnacionales como Cargill figuran entre las principales operadoras de importación, almacenamiento y distribución de maíz, articulando contratos de gran escala que definen flujos de grano y referencias de precio para el resto del mercado. Para los productores, la combinación de un gigante harinero como GRUMA y un actor global como Cargill refuerza la sensación de que la baraja está inclinada y que el agro de rodillas ante grupos empresariales no solo es una frase, sino una estructura económica que se sostiene en oligopolios y dependencia externa.
¿Habrá cambios?
Economistas especializados coinciden en que el maíz mexicano no se salva solo con ajustes temporales de precio, sino con una reingeniería del modelo de intervención pública. Entre las propuestas más recurrentes están reconstruir sistemas de almacenamiento público, fortalecer empresas sociales de acopio, revisar los acuerdos comerciales y cerrar las brechas que permiten prácticas monopólicas a lo largo de la cadena.
También se plantea una agenda de largo plazo que apueste por soberanía alimentaria, inversión productiva y diversificación de actores, de manera que ningún grupo empresarial pueda doblar por sí solo el pulso del campo. De lo contrario, las próximas cosechas podrían escribirse con la misma frase que hoy recorre las asambleas campesinas: un agro de rodillas ante grupos empresariales que gana menos por tonelada y pierde más por cada ciclo que pasa.
Mantente actualizado con las noticias de México más relevantes con Revista Guinda.
